CON EL MAZO DANDO Y A LOS JUECES SUBROGANDO.Hace más de un mes unos 44 pliegos de jueces, fiscales y defensores descansan plácidamente en la Casa Rosada, más específicamente en la Secretaria Legal y Técnica a cargo de Zanini. En el ámbito judicial nadie se explica el motivo para tamaña demora, mas aún después de la disputa que hubo hace pocos con los jueces subrogantes que mereció la intervención de la Cámara del Crimen y la Corte Suprema. Entre los 44 pliegos remitidos por el Ministerio de Justicia hay candidatos para cubrir vacantes en casi todos los fueros, especialmente en el penal. El tema de las subrogancias, no sólo es eje de tironeos en la justicia nacional. También, en una de las cunas del derecho argentino, La Docta, el tema se ha transformado en uno de los epicentros de la discusión política. Todo se originó cuando el gobernador De la Sota dispuso un retiro masivo en el ámbito judicial y bajó la edad de jubilación a 55 años. Eso generó una escasez de jueces que mediante algunas creativas iniciativas legislativas pretenden mitigar: jueces sustitutos designados por el Consejo de la Magistratura provincial, o jueces jubilados en “estado judicial” entre otras cosas. Es que el asunto no es soplar y hacer botellas. Si bien los mecanismos de selección de magistrados han evolucionado, hasta que el bendecido por el dedo Ejecutivo se siente a firmar expedientes puede pasar casi una eternidad. Todos están de acuerdo que en tiempos donde se privilegia la eficiencia de la gestión, nombrar más jueces es visto como positivo por la opinión pública, pero al mismo tiempo, los que en definitiva sientan a los magistrados en sus despachos tienen la acostumbrada aspiración de que la gratitud sea una de las virtudes de los nombrados, por si pinta la necesidad en el futuro. Por eso siempre a cada candidato en los tramos finales del proceso, le surgen padrinos y allegados que suman soplidos al viento a favor. Esto ha sido siempre así, y si bien a través del Consejo de la Magistratura se ha intentado atenuar la cuestión, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Más aún, en los fueros donde se deciden cosas que puedan afectar al poder político, el juego es mucho más complicado. Una cosa es la Champions League y otra, es el Nacional B. El tema de las subrogancias no es más que otro capítulo de la abultada enciclopedia de emergencias argentinas, donde los requisitos constitucionales para ser juez pretenden elastizarse para ser funcionales a las actuales exigencias de un adecuado servicio de justicia. Un caso paradigmático puede llegar a ser la puesta en marcha del proyecto que impulsa Rosatti por estos días, con la creación de diez juzgados más para el fuero comercial de la Capital Federal. Previendo una rápida sanción legislativa, los cargos para cubrir esas nuevas vacantes tardarían como mínimo un año. Como vienen las cosas, hay una alta probabilidad que quienes terminen cortando las cintas e inaugurando los sillones, sean ni más ni menos que jueces subrogantes.
SOFÍA SI, MÁXIMA NO. Una postal argentina: mezcla de chica bien y turista europea, la princesa Máxima de Orange hace tiempo y en una de sus visitas a estas Pampas, fue víctima de un caco oportunista, de esos que pululan por aquí. Le afanaron la cámara digital. Más allá del hecho policial, lo cierto es que la cuestión activó uno de los temas más álgidos que convoca de vez en cuando a los tribunales argentinos: la competencia originaria de la Corte cuando están de por medio representantes de estados extranjeros. En este caso particular, el juez federal Jorge Ballestero entendió que el caso de la princesa holando argentina debía recalar bajo la jurisdicción del más alto tribunal. Con la sencillez de un argumento que fue la divisoria de aguas en este tema, el magistrado federal equiparó la situación a aquella originada, años ha, en el robo de la capa de la reina Sofía de España en su paso por Argentina. La Corte de ese entonces había afirmado que la falta de mención expresa de los primeros mandatarios extranjeros, en el enunciado de los artículos 116 y 117 de la Constitución no es motivo válido para estimarlos excluidos del espíritu de tales preceptos. Por lo tanto Ballestero, no tuvo más que cortar y pegar para mandar el caso al cuarto piso del Palacio. El tema tuvo otra vuelta de rosca cuando el más alto tribunal, con un shot de volea devolvió la pelota diciendo que la presencia en Argentina de la princesa Máxima no lo era con motivo de una visita oficial y que por lo tanto no correspondía la avocación suprema. Quien marcó la disonancia con la voz mayoritaria, fue el cortista Boggiano, quien haciendo gala de su academicismo dijo que la cuestión nueva y su precedente eran “razonablemente análogos”. En lo que al parecer todos están de acuerdo es que la expresa enunciación que hace la CN acerca de quienes son alcanzados con la competencia originaria y exclusiva de la Corte, se ha ampliado de hecho y vía jurisprudencial a los representantes de los estados extranjeros que no aparecían hasta ahora taxativamente nombrados por la Carta Magna. Lo que enseña el caso de Máxima y de doña Sofía es que los jueces de primera instancia, frente a la disyuntiva, deben permitir siempre que la Corte diga si corresponde o no que ella intervenga. Siguiendo la sabia política de la margarita (que no es la princesa de Inglaterra), será la cabeza del Poder Judicial quien deba decidir si quiere o no quiere. La zona gris que genera la cuestión merece desde hace tiempo la intervención de los legisladores. Si bien los constituyentes de la reforma del 94 no lo tuvieron en cuenta, no vendría mal que por vía legislativa se establezca un mecanismo procesal que permita al juez que reciba el caso dar automática intervención a la Corte para que ésta administre oportunamente la prerrogativa de su aceptación o rechazo, teniendo en cuenta las delicadas cuestiones de relaciones internacionales que podrían vincular al país con el caso, más allá de una capa o una máquina de fotos.