En el transcurso de una larga exposición (duró alrededor de una hora), seguida con atención por los miembros de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Horacio Rosatti, se manifestó de acuerdo con un proyecto presentado por la senadora Mabel Muller (PJ-Buenos Aires) que establece la obligación de renunciar a las demandas ante el CIADI para que el Congreso apruebe la renegociación con las empresas concesionaria. "Esto sería terminar con un juego a dos puntas", puntualizó y advirtió que
las empresas deben hacerse cargo también de las demandas que hayan planteado incluso accionistas minoritarios.
Rosatti, coincidió hoy con senadores de distintos bloques en que es "conveniente" que las empresas privatizadas "hagan caer" sus reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas e Inversiones (CIADI) para que el Congreso apruebe la renegociación de los contratos. Por ello, el presidente del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, confirmó que se impulsará en comisión el tratamiento del proyecto de Müller.
Además, el titular de la cartera de Justicia indicó que
no es necesaria una ley especial para que la Corte Suprema revise los laudos arbitrales extranjeros, ya que ello está considerado en la Constitución Nacional. "La opinión del Poder Ejecutivo es que los laudos arbitrales si pueden ser revisados por los tribunales argentinos y no necesitan una ley que así lo autorice, porque son claúsulas que en algunos casos están desde 1853", aseguró este martes.
De hecho, la senadora Mabel Müller (PJ Buenos Aires) también presentó otro proyecto de ley por el cual se declaran “inoponibles a la República Argentina”, aquellos laudos arbitrales que no prevean una instancia recursiva ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Allí, la legisladora sostuvo que “los argentinos no podemos permitir que árbitros de otras jurisdicciones pretendan condicionarnos en la elección de la política económica de emergencia a seguir, máxime cuando sus laudos resulten contrarios al orden público nacional, en cuyo caso deberá ser la Corte Suprema quien decida en última instancia sobre la constitucionalidad de los mismos”.
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En su exposición en el Senado, el ministro Rosatti consideró que a futuro,
a medida que vayan venciendo los tratados bilaterales de inversión, "hay que ir revisándolos y ver si se los modifica", pero insistió en que "en nuestra opinión para revisar un laudo internacional que surge de un tratado no es necesario un instrumento legal adicional a los que ya tenemos".
Por ello, el oficialismo podría también dar luz verde al tratamiento de un proyecto presentado por Jorge Capitanich (PJ- Chaco) para establecer un marco a los futuros contratos de inversión que se realicen.
Rosatti recordó que, actualmente, hay 31 reclamos activados en el CIADI contra la Argentina por 18 mil millones de dólares, los cuales - sostuvo - más que nada son "elementos de presión" para el gobierno argentino.
"Lo que nosotros estamos haciendo no es nada diferente a lo que hacen los países centrales cuando defienden sus intereses", dijo; y reiteró que respecto de la seguridad jurídica en el país la posición del gobierno se apega al artículo 27 de la Constitución que dice que "ningún tratado puede violentar el derecho público".
Sobre la estrategia de la Argentina ante el CIADI, el ministro precisó que el gobierno considera que "la defensa en juicio del Estado no es privatizable", más allá que realice consultas con particulares especialistas en demandas comerciales.
Si bien el Ministerio de Justicia no participa en la UNIREN, organismo "ad hoc" encargado de la renegociar los contratos con los concesionarios, Rosatti consideró que la admisión de la suspensión como paso previo a la renuncia del reclamo obedece a una situación de "desconfianza" entre las partes.
Por último, el ministro insistió en que el gobierno cree que los tribunales del CIADI
deben levantar la confidencialidad porque entiende que "la defensa del Estado en juicio es un acto público". "La confidencialidad nunca es funcional al interés de un Estado soberano", agregó.
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