04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

IN VOCE

 
GORRO, BANDERA Y VINCHA. La Procuración General de la Nación y el Ministerio del Interior evalúan por estos días la creación de una fiscalía especial para atender casos de violencia en el fútbol, que funcionaría en el ámbito de la Capital Federal pero coordinaría sus tareas con fueros judiciales de todo el país. Las fuentes destacaron también que la iniciativa apunta a elevar la jerarquía y extender el radio de acción del cuerpo especial de fiscales porteños abocados actualmente a los casos de violencia en las canchas: Gustavo Gerlero, Oscar Ciruzzi y Daniel Pablovsky. La nueva fiscalía funcionará de manera similar a otras tres creadas en el último año, dedicadas también a temas específicos. Nos referimos a la fiscalía especial para delitos cometidos en el PAMI, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli, a la fiscalía para delitos en el ANSES, comandada por Guillermo Marijuán, y la recientemente creada para la tenencia y control de armas en manos de la población civil en manos de Felipe Di Lello. La nueva dependencia judicial estaría encabezada por el fiscal Daniel Pablovsky, quien actualmente se desempeña en el fuero correccional, pero igualmente conservando sus funciones. Todavía no es seguro cuándo comenzaría a funcionar, de lo que no quedan dudas es que trabajo va a tener seguro. Por esas casualidades de la vida y coincidentemente con su nueva área de especialización, Pablovsky –experto en tiro- acaba de ser designado recientemente presidente de la Comisión de Deportes de la Asociación de Magistrados. Al fiscal se lo reconoce rápidamente por su notable parecido físico con el tenor italiano Luciano Pavarotti, a quien no emula en la disciplina del bell canto, sino en su pasión por las pastas. Ojo Danielito, a caminar un poco la cinta, porque en cualquier momento hay que ponerse los cortos y salir a la cancha.

FUSIONES Y CONFUSIONES. Después del efecto Shell, el gobierno entró en dudas. El triunfo mediático sobre la petrolera convenció a parte del gobierno de que a los grandes se les puede ganar. Así, con la espada de Damocles de la inflación de por medio, desde el Ejecutivo ya no verían con tan malos ojos los efectos de la concentración económica. Aparece como más accesible controlar los precios con pocos jugadores en la cancha que tengan mucho que perder, y no con un enjambre de competidores difícil de controlar. Fue más fácil bajar la nafta que la carne y los tomates. En el plano teórico, la competencia beneficia a los consumidores porque pujan por conseguir más clientes, aumentando la calidad de los productos y servicios y ofreciendo mejores precios. Pero en la Argentina, el reino del revés, la puja siempre aparece en quién aumenta los precios primero. Por eso el gobierno no vería con malos ojos que se siga adelante con el proceso de fusiones de grandes empresas en el rubro supermercadista. Curioso es el caso de Jumbo – Disco donde el freno no lo dio la Secretaría de Defensa de la Competencia, sino los tribunales, donde competidores más chicos quieren trabar la consolidación de un nuevo gigante del sector. En declaraciones periodísticas la combativa Vaca Narvaja dijo que se opondría, aunque en la práctica el negocio marcha para adelante. Donde parece que también la justicia meterá sus narices, es en la fusión Norte – Carrefour. Es que la firma de origen francés dice haber advertido, luego de adquirir la empresa, que los balances sobre la base de los cuales fijó el valor de la compañía y su respectivo precio de compra, estaban inflados. La movida judicial, articulada en sede penal con el patrocinio del estudio del abogado Alfredo Iribarren, apunta a determinar si el método de valuación de los bienes transferidos se corresponde con la realidad. La mayoría de estas querellas que se impulsan en el fuero de instrucción terminan con una incompetencia a favor del fuero Penal Económico, por tratarse de un supuesto delito de balance falso. En este caso la estrategia apunta a calificar el hecho como una estafa en perjuicio de Carrefour, ya que el delito de balance falso prescribe a los dos años y es un tiempo demasiado efímero para una investigación complicada, donde sólo la designación de peritos consumió seis meses de trámite. En el expediente hay una muy seria imputación a la afamada firma de auditores Price Waterhouse, que aparece avalando como correcto el balance que sirvió de base para fijar el precio de transferencia. La representación legal de la auditora está a cargo del estudio de Roberto Durrieu, que defendiendo la corrección de los números, de paso deberá sacar la cara por la gente de Juan Navarro y compañía. Góndolas más, góndolas menos, cuando uno compra una latita, ya no se sabe a dónde va la platita.

FARÁNDULA JUDICIAL. Los programas de chimentos no tienen ningún complejo en llamarse así. Avanzan sobre todo y sobre todos con picardía, complicidad, amarillismo y una pizquita de periodismo de semi-investigación. Así como hablan de la última cirugía de la Alfano, la puja entre Tinelli y Susana o de infidelidades y nuevos amores; ahora abrieron el capítulo judicial. No es que Diario Judicial.com vea una amenazante competencia, pero lo cierto es que el grado de inocente salvajismo con que se atacó al juez civil Noro Villagra, puede ser que sirva para la fijación de un nuevo estandar de periodismo tribunalicio. Es que a este juez le cayó como peludo de regalo la disputa de familia que tiene por protagonista a Andrea del Boca. Alejada ya desde hace rato de la imagen naif que acuñó en sus épocas de estrella precoz, la actriz, ante las vicisitudes judiciales de la causa, fue al terreno en donde se siente más cómoda: la TV. En este caso la caja boba se prestó a un juego tan dañino como tramposo, al mostrar que puede llegar a ser un escenario posible en la discusión de los intereses que judicialmente se quieren defender. Interesante tarea la que le cabe ahora la Consejo de la Magistratura, del que Noro Villagra fue un ex futuro integrante. Es que Andrea, que de Celeste le quedó poco, arrojó hacia allí todas sus municiones contra el magistrado. Por el modo que lo hizo, más allá de que pueda tener razón, su táctica no debería ser convalidada. Quizás sea el momento en que el organismo que juzga jueces se ponga el traje de instancia rectora del funcionamiento de la justicia, fijando límites al agravio de jueces de manera gratuita y desaforada. Porque así la gente pierde cada vez más toda esperanza en la mejora del funcionamiento de la justicia y por otra parte los jueces se verán tentados a trabajar más como abogados de sí mismos, acomodando sus decisiones para recibir las críticas que menos duelan y más allá de lo que a derecho corresponda. Ya es hora de poner blanco sobre negro y dejarse de joder.



alejandro s. williams / dju
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