28 de Junio de 2024
Edición 6995 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 01/07/2024

In Voce

 
VOLVER AL FUTURO. Tanto el tema del nuevo régimen de la prescripción de la acción penal, como el del seguramente ex futuro control de las comunicaciones vía internet, forzaron al Ejecutivo a poner la cara a salir proponiendo reformas y derogaciones en cosas que había avalado vía homologación recientemente. El gobierno siempre tiene una herramienta a mano en caso de no compartir los criterios del Congreso: el derecho a veto, total o parcial. Lo que todavía no quedó muy claro en estos dos proyectos, es que si el presidente y sus ministros estuvieron en su momento de acuerdo cuando promulgaron estas dos leyes, si decidieron no vetarlas o si tiempo después, cuando las vieron en las primeras planas de los diarios, recién ahí se dieron cuenta de lo que habían convalidado. En un caso, el tema de las prescripciones, por más que ahora hagan comisiones, leyes correctivas y se rasguen las vestiduras, la ley va a conservar sus efectos para todas las causas actualmente en curso. En las próximas semanas se seguirán cosechando sobreseimientos y absoluciones por más que el Ejecutivo y el Procurador General de la Nación estén ilusionados en que los jueces no prescriban las causas. Pero los jueces tienen que aplicar la ley y no hay vuelta que darle. Righi impartió directivas a los fiscales de todo el país para que pongan su esfuerzo en sostener los procesos que irremediablemente van a empezar a caer después que se definan los cientos de trámites de prescripción que se sustancian por vía incidental. No deja de ser un intento político para posicionarse frente a la opinión pública, pero su efecto jurídico será como pedirle al agua que no moje. El mismo esquema parece repetirse en otra primera plana que anunció que los internautas argentinos iban a ser monitoreados al estilo Gran Hermano. Está claro que los diputados y senadores levantan la mano por cualquier cosa y después cuando lo leen en los diarios, declaman estentóreamente y espantados su posición en contra a las leyes que ellos mismos votaron. El Presidente tiene múltiples frentes de conflicto: FMI, CIADI, G-7, inflación, pulseada bonaerense, como parte del menú y no parece razonable que se tenga que ocupar de emparchar errores. Por cuántos ministros pasan las leyes que se promulgan y sus respectivas reglamentaciones? Pero Kirchner pagará innecesariamente en el tiempo el costo político por desprolijidades y desaciertos evitables de su entorno. No suena tan pretencioso que alguno de los cientos de empleados, asesores y bien rentados funcionarios que tienen los ministerios, lean a tiempo el Boletín Oficial. ¿O será que como no tiene horóscopo, suplemento deportivo ni página de chistes, se inclinan por otras lecturas? Muchachos, cuídenlo un poco más a su Jefe que es el que los nombró a todos ustedes.

TERCER TIEMPO. Los ministros de la Corte escucharon con preocupación un nefasto vaticinio relacionado con el efecto dominó que los conflictos carcelarios van a tener en la provincia de Buenos Aires. Es que el tema de la superpoblación carcelaria hace emerger como hongos los problemas en los penales y en la sub-modalidad forzada de comisarías. En un segundo plano quedará la discusión de que si trata del “efecto Blumberg” por mayores detenciones o porque si las cárceles son chicas, viejas e insuficientes. Pero ese estado de ebullición quizás haga que el caso Coronda, con sus muertes a cuestas, llegue a ser tristemente uno más. Tampoco ayudó para tomar conciencia del grave status quo el hecho de que se haya reducido la cuestión a una rivalidad de tinte futbolístico entre rosarinos y santafesinos, sin percatarse de que las vidas segadas no deben ser solamente parte de la estadística. En la última de las audiencias convocadas por la Corte Suprema de Justicia – interviene en el marco de un Hábeas Corpus colectivo en representación de presos bonaerenses, que se sustancia desde el 2001- y celebrada entre los miembros del CELS y los representantes del Gobierno bonaerense, el Ministro de Justicia de esa provincia, Eduardo Di Rocco, detalló los avances logrados en la ejecución de las propuestas que presentó en diciembre para solucionar el problema de la sobrepoblación carcelaria. Se pudo evidenciar que a pesar de los esfuerzos del gobierno la situación continúa siendo grave. Los miembros del CELS no se quedaron conformes porque entre enero y febrero han habido 49 muertes más, producto del hacinamiento y las malas condiciones en que viven los presos de la provincia. Son tan pocas las respuestas concretas que se pueden ofrecer desde los gobiernos provinciales -el Ministerio de Justicia de la Nación tampoco ha mostrado demasiado interés en asistirlos efectivamente en este problema que ya es nacional- que tras la audiencia convocada por la Corte, Di Rocco trató por todos los medios de no cruzarse con el punzante columnista de Página 12. Luego del acto procesal, el ministro se hizo presente en la sala de periodistas del Palacio de Justicia, y tras una breve reseña de lo sucedido en la audiencia subió al entrepiso para ser entrevistado por la periodista de Crónica TV. Mientras se encontraba al aire, ingresó en la sala Horacio Verbistky –quien había aguardado en la entrada a que el ministro desocupara a los interlocutores- para relatar a la prensa su propia versión del encuentro. Cuando el presidente del CELS dialogaba con la mayoría de los periodistas acreditados en la planta baja, Di Rocco concluyó su exposición frente a las cámaras. Dicen las malas lenguas presentes que el ministro encontró toda clase de excusas para demorar el descenso a la planta baja y evitar el cruce con la otra parte. Como presentador de noticiero obligado a estirar los tiempos cuando la nota anunciada no aparece en el aire, así se quedó el ministro hablando largo y tendido sobre rugby y otras yerbas con los periodistas que tenía a mano. Todo para evitar que a la salida el puma Verbitsky le meta otro try.

ESTÁS NOMINADO. Los rumores en torno al juicio político de los seis consejeros porteños, acusados de mal desempeño, son mayores a medida que se acerca la hora de la definición. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa de las declaraciones testimoniales. Las ultimas dos semanas tuvieron que desfilar por la Legislatura jueces, gremialistas, camaristas y funcionarios del Gobierno. Por otra parte, la Comisión Investigadora, que lleva a delante la primera etapa del proceso, tiene 30 días para tomar una decisión y ver si suspende o no a los consejeros. A esta altura, los argumentos jurídicos van quedando de lado, y todo queda en la famosa telaraña de la política. El rumor que crece cada vez más es que dos de los seis consejeros no serian “nominados” por el Gran Hermano, en este caso, la Comisión Investigadora. El razonamiento, que llegó a este medio de fuentes judiciales y de la misma Legislatura, sería el siguiente: el Consejo necesita al menos 5 votos para poder seguir funcionando y aprobar resoluciones pero, si son suspendidos más de cuatro consejeros, el Consejo se queda sin quórum por varios meses. En caso contrario, a los dos afortunados se le sumarian los tres consejeros jueces. Vale recordar que según el artículo 16 de la Ley Orgánica del Consejo, los suplentes “sólo reemplazan al titular cuando se produzca la vacante definitiva”, para lo cual hace falta una resolución de la Sala Acusadora, integrada por 40 legisladores. Y eso recién se estaría produciendo dentro de al menos 4 meses. Otro condimento adicional para saber quiénes serían los afortunados para los botes salvavidas, es la especulación sobre a qué partido, puntero o línea interna responden cada uno de los reemplazantes. No es cuestión de salir de Guatemala para caer en "Guatepeor" o de tirar un plomo para levantar una pluma. Por estos y otros motivos, los legisladores deberán apelar a su calculadora, siempre y cuando el objetivo es no dañar a la justicia de la Ciudad, ya que el Consejo, entre sus funciones principales, es el encargado de seleccionar mediante concurso a los funcionarios y magistrados del Poder Judicial local. En esta mezcla de lotería y ruleta rusa, adaptada al juego de la silla, muestra un patético sainete de cómo funcionan los juicios políticos en la Argentina.



alejandro s. williams / dju
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