04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Reestructuración edilicia

Un plan de reestructuración edilicia prevé el traslado de la justicia penal a la zona de Retiro y la concentración de los demás fueros en torno al Palacio de Justicia. El Consejo de la Magistratura convocó a un plenario extraordinario para discutir el proyecto.

 
La fecha todavía no está confirmada pero se piensa en 30 días para que se reúnan consejeros, jueces de la Corte Suprema, representantes del Ministerio Público e integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) para analizar el plan. La reunión temática fue convocada por el Consejo de la Magistratura en su último plenario.

El objetivo del plan es que cada fuero tenga sus dependencias cercanas unas de las otras racionalizando los espacios físicos para mejorar el servicio de justicia. Esto se llevará a cabo a través de la cesión de edificios por parte de otros organismos, expropiaciones, locaciones y la construcción de nuevos espacios.

De esta manera los fueros no penales concentrarían sus dependencias en cercanías al Palacio de Tribunales en un solo edificio o en más de uno si es necesario pero que sus distancias sean mínimas y no como ocurre actualmente. Un ejemplo de esto es el fuero civil. Sus locaciones se distribuyen en seis edificios donde entre la Cámara y el juzgado más lejano hay 25 cuadras de distancia. El plan prevé que a ambos tribunales los separe 50 metros y que el fuero civil se concentre en cuatro edificios de Lavalle al 1200.

En relación al fuero penal se prevé que funcione en Retiro conformando así el Polo Penal Retiro. En esa zona el fuero ya ocupa dos edificios, los de Inmigrantes 1950 y Comodoro Py 2002, y se espera el traspaso del ex Hospital Aeronáutico que posee 39.500 metros cuadrados.

Si la reestructuración edilicia se lleva adelante quedarán disponibles 19 edificios, entre alquilados y propios, que el Poder Judicial tendrá a su disposición para utilizar en diversos usos o tenerlos como reserva. Actualmente los inmuebles locados le significan a la justicia un gasto anual de $ 2.185.356, según precisa el Plan.

La implementación del Plan llevará cinco años. Tres de ellos, para proyectos, licitaciones y construcciones de nuevos edificios y dos para los traslados de las dependencias. El proyecto tendrá una segunda etapa en la cual se trabajará sobre la situación edilicia de la Justicia Federal del interior del país.

La iniciativa la elaboró el consejero en representación del Poder Ejecutivo de la Nación, Joaquín Da Rocha, en su función del Coordinador de Infraestructura y Alquileres de la Comisión de Administración del Consejo a raíz de un proyecto de su autoría y que el plenario del Consejo consideró darle el carácter de Plan.



dju / dju
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