La medida la tomó el tribunal bonaerense mediante la resolución n° 805/05, atento la necesidad de ejercer un adecuado control sobre los hábeas corpus relacionados con el agravamiento de las condiciones de detención. De esta forma, y “considerando que dicha temática ha sido y sigue siendo preocupación permanente de este Tribunal” encomendó a la Secretaría de Control Judicial de esta Suprema Corte a través de la Subsecretaría de Control de Gestión la realización de un pormenorizado análisis del tratamiento brindado a los hábeas corpus que se hubieran iniciado en los distintos organismos jurisdiccionales de cada departamento judicial de la Provincia de Buenos Aires. La resolución contó con las firmas de Hector Negri, Francisco Hector Roncoroni, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters, Luis Esteban Genoud, Hilda Kogan, Eduardo Julio Pettigiani, Eduardo Nestor De Lazzari.
Autorización
Un fallo de la justicia federal de Mendoza autorizó a las empresas Censosud SA y Disco Ahold Internacional Holdings a concretar el traspaso accionario entre ambas, bajo responsabilidad y riesgo de Cencosud hasta que se resuelva en definitiva. La medida fue dispuesta por el juez Héctor Acosta, quien de esta forma resolvió “modificar” la parte dispositiva de la resolución que tomara en diciembre pasado. Asimismo condicionó dicha autorización al consentimiento de Disco Ahold y ordenó la anotación de litis y prohibición de venta respecto de las acciones de Disco Ahold Internacional Holdings ante la Inspección General de Justicia. En otro punto de la resolución se estableció que ambas empresas deberán mantener en forma separada la administración y dirección de Supermercados Disco y Vea respecto de la de Jumbo-Easy y/o cualquier otra actividad en Argentina de Cencosud SA. La medida tomada obedece al pedido interpuesto por Cencosud quien había solicitado morigerar y/o sustituir la medida cautelar dictada el 2 diciembre de 2004 por la que se dispuso que se retrotrayera la operatoria a una mera oferta.
Ejecución penal
Este miércoles se realizó el Primer Encuentro de Jueces Nacionales de Ejecución Penal. Entre los temas abordados se destacaron la progresividad de régimen y sanciones, los casos de imputabilidad, las salidas transitorias de presos y el tratamiento de las adicciones. Los principales oradores fueron los jueces Sergio Delgado, Liliana Ramos y Axel López y la Subprefecto Aurora Estrada, directora del Instituto de Criminología del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Del debate posterior surgieron ideas para perfeccionar el sistema penitenciario, como el dictado de cursos de acción a fin de lograr la efectiva reinserción social de los internos. También participaron del evento el asesor de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Julio Aparicio; el director y la coordinadora del Programa del Trabajo en Cárceles y Readaptación Social, Juan de Filippi y Marcela Rummi, la directora del Patronato de Liberados, Ana María Ramponi; el coordinador del Programa Nacional de Criminalística, Eloy Torales y los directores de las 34 cárceles dependientes del SPF.
Sin libertad
Así lo dispuso el juez Lucini, en la causa que se sigue a raíz de la tragedia que tuviera lugar el pasado diciembre en el boliche República de Cromagnon. El martes el abogado de Chabán, Pedro D’attoli había solicitado a la justicia un escrito para fundamentar el pedido de excarcelación para su cliente. Ahora el juez ha dicho que no le otorgará este beneficio dado que el día del terrible incendio el imputado se ausentó del lugar y recién compareció cuando fuera traído al día siguiente por la fuerza pública, fundamento suficiente para el magistrado como para creer que es posible que intente darse a la fuga y por lo cual no le ha otorgado la libertad condicional. No obstante, D’attoli aseguró que apelará la decisión, ya que dice que su defendido se quedó en el lugar de la tragedia a pesar de casi no poder caminar porque lo habían operado el día anterior de un tobillo, hasta que sin saber qué hacer se fue a su casa a donde al día siguiente lo fue a buscar la policía. Acto que según el letrado debería acreditar su falta de intención en ausentarse o sustraerse del litigio.
Videoconferencias
El plenario del Consejo de la Magistratura resolvió solicitarle información, mediante su secretaría general, al Ministerio de Justicia de la Nación para conocer ciertos aspectos en la implementación de los sistemas de videconferencias entre los complejos federales N° 1 y 2 y el Palacio de Justicia de la Nación. Puntualmente se le pedirá al Ministerio que informe sobre los costos que tienen los actuales traslados y el que ocasionaría las videconferencias, qué organismos se harán cargo de ese costo, los antecedentes de la empresa que ha desarrollado el sistema, el modo en que se llevará a cabo la contratación y la cantidad de detenidos que, luego de ser indagados por primera vez, son trasladados para una ampliación de dicho acto. El proyecto había sido presentado en 2003 por la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. El objetivo era agilizar trámites, reducir costos y evitar intentos de fuga. En la reunión algunos consejeros pusieron en duda que con este sistema estén resguardados los derechos de los presos ya que podrían ser amenazados por los guardias durante su comunicación con el juez y que el proyecto no especifica los actos procésales que se realizarán por videoconferencia. Quienes se mostraban a favor de su aprobación explicaban que el traslado de los internos al Palacio de Tribunales requiere de todo un día y muchas veces ni siquiera son atendidos por el juez por lo que la aplicación de las videoconferencias serviría para los presos pudieran conocer el estado de sus causas evitando todo el operativo que implica un traslado.
Fiscalía especial
Se firmó finalmente un convenio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Procuración General de la Nación, para la puesta en marcha de la primera Unidad Fiscal con intervención “directa y exclusiva” en todos los ilícitos tipificados por el Código Penal como delitos contra la integridad sexual, la trata de personas y la prostitución infantil. El convenio es un acuerdo complementario de cooperación en el que la Ciudad se compromete a financiar el programa y la Procuración a nombrar el equipo de fiscales especiales que estará integrado por más de 12 profesionales a cargo de un fiscal general. Estiman que la misma estará lista para comenzar a funcionar dentro de 30 días.
Sobreseen a Raúl Moneta y al Presidente de la Corte
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Enrique Petracchi fue sobreseido en una causa que se le seguía por el supuesto cobro de sobornos en la causa judicial vinculada al rebalanceo de tarifas telefónicas. La medida fue tomada por el juez federal Guillermo Montenegro al considerar que no se acreditó que Petracchi recibió dinero ni que haya votado a favor del aumento de tarifas. Petracchi había sido denunciado por el abogado Juan Carlos Iglesias y el contador Balaguer (pcia. de Mendoza) de convalidar un decreto del ex presidente Menem que otorgaba aumentos de tarifas a las empresas telefónicas. Pero surgía del expediente que el actual presidente del máximo tribunal no había convalidado esa medida. Inclusive Petracchi falló en contra de las empresas telefónicas en otras tres causas que llegaron a la Corte. La causa en la que Petracchi fue absuelto tenía más de cuatro años y tmabién se encontraba imputado el empresario Raúl Moneta, ahora también sobreseido.