El juicio político contra seis de los nueve consejeros de la Ciudad va llegando a la etapa de las definiciones. Este lunes volvió a reunirse la Comisión Investigadora, integrada por trece legisladores, tras lo cual se enviaron los oficios a cada uno de los funcionarios para que se notifiquen de las fechas estipuladas para sus respectivos descargos. “Los consejeros podrán hacer las manifestaciones que crean convenientes por escrito o personalmente, pero también cuentan con el derecho de no presentarse”, admitió el diputado Marcelo Godoy, presidente de la Comisión.
De esta manera, el 24 de este mes deberían presentarse, ante los diputados, dos de los representantes del Colegio de Abogados: María Magdalena Iráizoz y Diego May Zubiría. Dos días después será el turno de Bettina Castorino y María Celia Marsilli, quedando para el 31 los consejeros Carlos Rosenfeld y Juan De Stéfano.
Luego de finalizar esa etapa del juicio, los legisladores que integran la Comisión se tomarán diez días más para realizar sus propios dictámenes. De esta forma, la Comisión podría estar en condiciones de emitir un
dictamen conjunto a mediados de mayo. El mismo, que podrá absolver y desistir de seguir investigando o acusar a cada uno de los consejeros, será elevado a la Sala Acusadora, compuesta por 45 legisladores. Cada consejero podría ser acusado en base a
un máximo de seis “cargos”o hechos a investigar, que ya están definidos.
Diez días hábiles después, en realidad son días parlamentarios, la Sala Acusadora ratificará o no la decisión de la Comisión y, a partir de allí, correrá el plazo previsto (tres meses) para que tome la determinación final la Sala Juzgadora.
“Hasta el momento el expediente suma 56 cuerpos y unas 9500 fojas”, destacó el diputado Godoy en diálogo con este medio, al tiempo que resaltó la labor de los funcionarios y empleados que trabajaron durante estos meses dentro de la Comisión que preside.
Sobresueldos, falta de cobertura de puestos en los juzgados, la manera discrecional para la contratación de personal, la falta de controles internos, la subejecución presupuestaria, la incompatibilidad del oficio de algunos consejeros con el ejercicio de su cargo y la falta de cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría General del Gobierno de la Ciudad son algunas de las irregularidades que tienen en vilo a los seis consejeros.
Si la Sala Acusadora decide acusar a los seis consejeros, el Consejo de la Magistratura se quedaría sin quórum y, por lo tanto, estaría virtualmente paralizado, ya que los reemplazantes no pueden asumir hasta tanto no sean removidos de sus cargos definitivamente los propios consejeros. “Sería formalizar lo que ya está sucediendo”, respondió Godoy.
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