La Asociación de Magistrados criticó duramente las declaraciones del presidente Néstor Kirchner, de varios ministros, senadores y diputados, en relación a las causas que involucran a la tragedia acaecida en el local “Cromagnon” y la situación de María Julia Alsogaray, que -según la entidad- intentaron “imponer una manera de resolver las cuestiones, ejerciendo una impropia injerencia en causas en las que no pueden intervenir por mandato constitucional”.
Además, la entidad condenó enérgicamente “actos de esta naturaleza” y reclamó de las autoridades políticas “la adopción de la conducta necesaria para garantizar la independencia y el resguardo de la función judicial y el acatamiento pleno a sus decisiones”.
“Las afirmaciones de que esas resoluciones tienen “tufillo a impunidad”, “responden a pactos mafiosos” y no se hacen cargo del “sentir del pueblo”, expuestas por esos funcionarios,
resulta una grave afectación a la independencia de los jueces y a su honorabilidad”, dijo la entidad que preside Miguel Caminos a través de un comunicado. Y agregó: “Además, pretenden presentar a la sociedad,
por razones de especulación política, que la función judicial debe ser la expresión de momentos dominantes de la opinión popular, cuando ella está delimitada por la aplicación de la ley, y no tiene por finalidad satisfacer sentimientos mayoritarios sino asegurar la vigencia de las normas que se han dado para garantizar la convivencia social”.
En un extenso comunicado firmado por el presidente y la secretaria de la entidad, Alcira Paula Pasini, la Asociación de Magistrados destacó que “nunca la violencia y la diatriba pueden constituir el camino para la realización de la Justicia” y que “la función judicial debe ser resguardada como la ultima instancia de resolución de conflictos y determinación de responsabilidades”.
Por último, los jueces y fiscales expresaron su solidaridad con los magistrados judiciales y de los ministerios públicos que han recibido “descalificantes consideraciones” por provenir ellas de funcionarios de otros poderes y rechazaron la presentación del consejero Jorge Casanovas en el Consejo de la Magistratura contra los camaritas que concedieron la excarcelación a Chabán.
“Preocupa advertir que un consejero, que ha sido juez y hoy se desempeña como Diputado, haya solicitado la formación de una causa de remoción para los Jueces Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori con motivo de la decisión adoptada en el marco de su competencia jurisdiccional”, sostuvo la entidad, al tiempo que subrayó que el Consejo de la Magistratura “ha sido creado para asegurar y garantizar la independencia de los jueces y no para regimentarlos en determinado sentido”.
Por su parte, la Cámara del Crimen, reunida en acuerdo extraordinario, analizó la situación planteada luego de los incidentes ocurridos el 13 de mayo en la puerta de la Cámara, cuando los familiares de los fallecidos en Cromagnon protestaron por la excarcelación de Omar Chabán, y “las consecuencias institucionales que tales hechos acarrearon”.
El tribunal
“deploró” la actitud asumida públicamente por el Sr. Presidente de la República, varios de sus ministros y otras personalidades de la política, “endilgando a los jueces actuantes la responsabilidad por lo acontecido, adoptando una postura de presunta solidaridad emocional con los familiares de las víctimas, que no queremos calificar, pero que, incuestionablemente, es tendenciosa y sacada del marco jurídico”.
Los camaristas analizaron también la “información propalada por los distintos medios y los llamados comunicadores que conducen programas de gran audiencia” y las expresiones públicas de las autoridades políticas, legislativas y la de especialistas en materia jurídica.
Según el texto de la Acordada, al cual tuvo acceso este medio, los jueces coincidieron en la valoración de los hechos como de
suma gravedad institucional y capaces de poner definitivamente en jaque a la administración de justicia.
Con respecto a la cobertura de los medios, la Cámara aclaró que no es su función juzgar al periodismo, pero igualmente remarcó que algunos medios “propalaron información exagerada, errónea, calumniosa y confusa”.
Además, el tribunal repudió los actos de “vandalismo” que se suscitaron el 13 de mayo en la puerta de la Cámara en directa referencia al familiar que derramó un bidón de nafta y amenazó con prender fuego el edificio y a los propios camaristas. “
Es legítimo el dolor de las familias que padecieron pérdidas humanas, del mismo modo que es lamentable la pérdida de cualquier otra vida que se tronche en un siniestro, y este fuero tiene el triste deber de ocuparse de ellos en forma obligatoria.
Sin embargo, la violencia descontrolada no puede ser consentida”, afirmaron los jueces.
Por último, la
Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales emitió un comunicado en el que hizo saber su profunda preocupación por los hechos acaecidos en los últimos días así como por las diversas manifestaciones que ellos suscitaron. “Más allá del juicio que puedan merecer las decisiones en cuestión, implican un avance inaceptable sobre las potestades propias de los jueces y afectan la independencia del Poder Judicial”.
dju / dju
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