La Justicia provincial iniciará en el día de la fecha el proceso para juzgar a ocho efectivos de la Policía Bonaerense imputados por el presunto asesinato -y posterior encubrimiento- de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El juicio oral prevé la asistencia de más de 300 testigos entre los que figuran Néstor Kirchner, Felipe Solá y el ex mandatario Eduardo Duhalde que ayer dijo desde Rusia que de ser citado asistirá a declarar. La causa fue iniciada a mediados de 2002 y, según lo previsto, la instancia oral debía comenzar el pasado 1 de marzo, pero ante el fárrago de pruebas solicitadas por las partes, se decidió postergar. El centro de la acusación estará constituido por el juzgamiento del accionar de dos uniformados de la Bonaerense: el ex comisario Alfredo Fanccioti y el ex cabo Alejandro Acosta, acusados de fusilar en la estación Avellaneda a los dos piqueteros. Fanccioti y Acosta se imputan mutuamente como autores materiales de los crímenes. El Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora -integrado por Roberto Lugones, Elisa Moyano y Jorge Roldán- también juzgará a cinco policías por el presunto delito de encubrimiento agravado, y un sexto efectivo será acusado por actuar como policía cuando había sido dado de baja. Los militantes compañeros de Kosteki y Santillán, al igual que las familias de los jóvenes asesinados, reclaman que se abra una instancia paralela a la investigación para avanzar sobre las responsabilidades políticas de lo que consideran fue un hecho planificado.
Competencia
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incorporó al artículo 1° de su Disposición N° 605/2004 que “los jueces administrativos sustitutos también podrán entender en los citados procedimientos cuando razones de orden práctico o de interés fiscal lo hagan aconsejable, previa aprobación de la Dirección General Impositiva”. Los citados procedimientos son en materia tributaria e impugnaciones relativas a los recursos de la seguridad social. La medida se tomó el pasado 13 de mayo a través de la Disposición 250/2005 firmada por el titular de la AFIP Alberto Abad, y fue publicada en el día de la fecha en el boletín oficial.
Investigan a los Jueces
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura dio inicio a las dos acusaciones que pesan sobre los camaristas Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori, integrantes de la Cámara del Crimen, por haber dispuesto la libertad del empresario Omar Chabán bajo caución real de 500 mil pesos. La instrucción de las denuncias recayeron por sorteo en el consejero Beinusz Szmukler quien comenzará a investigar los expedientes 181/05 y 183/05. El primero corresponde a la denuncia presentada por el presidente de la Comisión de Acusación y diputado nacional del justicialismo Jorge Casanovas y el segundo a la de un abogado particular.
Indemnización conyugal
Un hombre deberá pagarle daños y perjuicios a su ex esposa por no avisarle, antes de casarse, que era impotente. Así lo determinó la Corte de Casación. El tribunal dictaminó que un hombre no podía esconder sus limitaciones sexuales a la mujer con la que se va a casar sin pagar las consecuencias. Cuatro artículos diferentes de la constitución de ese país veneran, directa o indirectamente, las expectativas de una mujer de “una vida sexual armoniosa” y sus “planes de maternidad”, decretó la Corte. Stefano y Cristina se casaron por Iglesia sin haber tenido relaciones sexuales. Recién en la noche de bodas la novia vino a descubrir que su flamante marido sufría de una “malformación sexual”. Su ex esposa recurrió a las cortes eclesiásticas y obtuvo una anulación justificada por impotencia. Después solicitó un divorcio a través de la justicia civil, donde también reclamó daños y perjuicios por la renuencia de Stefano a informarle sobre su condición y por su negación a iniciar un tratamiento.