Luego de la renuncia de Miguel Ángel Romero, que fue aceptada pocos días después por el presidente Kirchner, la Defensoría General de la Nación quedo a cargo, provisoriamente, de Stella Marís Martínez, que se desempeña como Defensora Oficial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es la persona que lo sucedía a Romero en la escala jerárquica. Ante esa situación ya comenzaron a surgir los posibles sucesores al cargo. Según las fuentes consultadas por este medio, el abogado constitucionalista Raúl G. Ferreira, discípulo personal de fallecido Germán Bidart Campos, tendría algunas chances de ser la persona elegida. Sin embargo, desde la propia Defensoría no descartan que se confirme a Martínez en el cargo. Otro de los nombres que se mencionan, por estos días, es el de Lucila Larrandart, que se desempeña actualmente como juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de San Martín y es Profesora Titular de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA. En diálogo con este medio, la magistrada negó cualquier ofrecimiento hasta el momento, aunque aclaró que “a cualquiera le gustaría un cargo como ese”.
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La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura seguirá analizando éste martes 24 de mayo las modificaciones al reglamento que establece los mecanismos a seguir ante las denuncias por mal desempeño que se reciben contra los jueces del país. El objetivo es concluir el debate iniciado la semana pasada y consensuar un nuevo régimen de acusación. La reforma que más criticas ha recogido es la que establece archivar las denuncias que luego de 2 años de haberse recepcionado no hayan logrado un dictamen. El objetivo es no tener a los jueces eternamente sospechados. Sin embargo, ya hubo varias posturas en contrario. Entre ellas las de los consejeros Minguez, Rodríguez y Chaya para quienes en la mayoría de los casos se necesitaba más de dos años para llegar a un dictamen y que de archivarse la denuncia el juez quedaría con la sospecha a cuestas. En su última reunión la Comisión no llegó a tratar ese punto. Pero sí hubo acuerdo en otras modificaciones como por ejemplo la facultad de la Comisión de acumular denuncias contra un mismo juez o la de resguardar la identidad del denunciante cuando se trate de un empleado judicial que denuncia al magistrado con el que trabaja.
Pagan honorarios
El gobierno nacional se hará cargo de los honorarios de los abogados que patrocinen a los familiares de las víctimas de la tragedia de Cromagnon hasta que haya sentencia definitiva en la causa. Así lo establece el decreto 525/2005 firmado por el presidente Néstor Kirchner. El Ministerio del Interior será la dependencia nacional que se hará cargo de los gastos y determinara la forma de pago y el monto. La asistencia financiera podrá destinarse también a solventar los gastos causídicos que resulten de interés a la parte querellante. “Que la intrincada trama de responsabilidades que puede vislumbrarse detrás de un acontecimiento de esta magnitud, compromete al gobierno nacional a redoblar de modo permanente, el esfuerzo para dar una respuesta rápida y eficaz” dice el decreto.
Leyes del perdón
La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso como fecha en la que tratará y supuestamente resolverá la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, para dentro de quince días, el martes 7 de junio. Claro que siempre y cuando no surjan imprevistos de última hora. Se calcula que ese día, al menos siete de los nueve jueces de la Corte fallarán a favor de la inconstitucionalidad de las polémicas “leyes del perdón”. La Corte se pronunciaría, siguiendo la línea del dictamen del Procurador General, enmarcado en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostiene que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía y prescripción que pretendan impedir la investigación y sanción de las violaciones graves de los Derechos Humanos”. De ser así, el principal efecto de esta medida es que podrían seguir adelante numerosas causas por violaciones a los derechos humanos abiertas en los últimos dos años, luego de que el congreso derogara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, bajo el impulso del presidente Néstor Kirchner.
Biasotti
Este martes, alrededor de las 10:30 de la mañana, Ricardo Biasotti, ex pareja de la actriz Andrea del Boca, declarará ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por el pedido de juicio político que presentara aquella contra el juez en lo Cívil Jorge Luis Noro Villagra, a quien acusó de haber actuado en complicidad con el padre de su hija para privar a la menor del "derecho a la salud". Además, la actriz acusó al juez por no haber actuado frente a denuncias por supuestos "malos tratos" y "abuso sexual" contra la menor de edad.Dentro del mismo expediente (161/04), también declararán mañana las doctoras María Ernestina Storni y Martha Beatriz Gómez Alsina, la Lic. Elsa A. Lepori, el Sr. Jorge Horacio Navarro Quantín y el escribano Alfredo Rafael Parera. En su declaración ante el Consejo, Del Boca relató el supuesto hecho de violencia del que fue víctima el 23 de marzo de 2004 cuando -según contó- su ex pareja Ricardo Biasotti la empujó mientras ella tenía a su hija en brazos. Por ese hecho, la defensa de la actriz inició una causa penal, que la justicia terminó desestimando.