La iniciativa esta en el Consejo desde diciembre de 2003 cuando fue enviada por la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, por aquel entonces bajo la titularidad de Gustavo Beliz. Nunca tuvo consenso pleno entre los consejeros para su aprobación y ahora se suma la negativa de la procuración penitenciaria, una de las partes involucradas en el proyecto.
El pasado 24 de mayo Mugnolo le envió una carta a Juan Gemignani, presidente de la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación y Reforma Judicial del Consejo, donde se analiza el proyecto, para “poner de manifiesto las objeciones” que la procuración ve en la aplicación del mismo. Entre ellas se destacan: el casi nulo ahorro económico que significarían las videconferencias, la falta de presupuesto que el Poder Ejecutivo dio como respuesta a otros reclamos, y que el sistema reemplazaría la función de los defensores oficiales.
Sobre la primera objeción, Mugnolo señalo que no hay información detallada para aseverar que la aplicación de las videconferencias “puede llegar a solucionar los problemas económicos que se generan a partir de los traslados de los internos” ya que si las videconferencias serían para conocer el estado de la causa del detenido “debo aclarar que dichos traslados son absolutamente esporádicos” afirmó Mugnolo. Y agregó que tampoco se sabe fehacientemente el costo de la aplicación de las videconferencias.
En el escrito el procurador penitenciario le apuntó duramente al Poder Ejecutivo. Dijo que la falta de presupuesto fue siempre el argumento para no realizar modificaciones al régimen de ejecución penal y a las condiciones de habitabilidad de los presos. “Al respecto debe agregarse que sería contradictorio a nivel intolerable”, señalo Mugnolo, que un preso no tenga un colchón donde dormir o una alimentación adecuada pero sí un “sofisticado sistema de comunicación”.
También señalo que en los últimos años no ha habido intentos de fugas durante los traslados y que la función del sistema de videconferencias es la que “ha sido encomendaba a los defensores oficiales y a los particulares”. Mugnolo propuso dos medidas que demandaría un costo menor que las videconferencias y que serviría a los mismos fines. Una es la instalación de secretarios de ejecución en cada uno de las cárceles del sistema federal, como lo establece la Ley 24.121 de ejecución penal. La segunda, elaborar un programa que le facilite a los defensores oficiales medios de locomoción para que pueden concurrir con más asiduidad a los penales.