De esta manera se aprobó el acta firmada el 4 de marzo de 2005 en la audiencia celebrada en el marco del 122 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se reconoce responsabilidad del Estado Nacional en relación con el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita (AMIA), por incumplimiento de la función de prevención, habida cuenta del previo atentado terrorista contra la Embajada de Israel, y encubrimiento grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito, lo que produjo una clara denegatoria de justicia, conforme lo declarado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 en su sentencia del 29 de octubre de 2004.
El origen del decreto es una denuncia presentada por las ONG Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que éstas denunciaron la violación de los derechos a la vida, a la integridad física, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva.
En el decreto se destaca que el juicio por la causa AMIA ante el mencionado tribunal fue seguido paso a paso por la Comisión Interamericana, que a tal efecto designó como observador al profesor y decano de la Facultad de Derecho de la American University, Claudio Grossman, quien en su informe final concluyó que las “dificultades para hacer justicia en este caso, emblemático en la lucha contra la impunidad, son innumerables.
”La actitud ahora adoptada por el Estado argentino en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refleja, en el marco regional, el trascendente cambio en el tratamiento institucional del caso en el ámbito local, cuyo punto de inflexión coincide con el comienzo del juicio oral y público, caracterizado por la transparencia y el irreprochable proceder de los integrantes del tribunal”, asegura el decreto mencionado. Y destaca, a continuación, las medidas adoptadas a partir de la segunda mitad de 2003, especialmente las que levantaron el secreto de la actividad de inteligencia.
El Estado Argentino se comprometió también a promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado, a crear una unidad especializada en catástrofes, tanto para la atención de las emergencias médicas como para la recolección y protección de pruebas en casos criminales, distintas reformas normativas con el objeto de transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), y facilitar el acceso a la información de inteligencia por parte de los jueces en investigaciones vinculadas con hechos de terrorismo.
Dentro de esa agenda de trabajo conjunta entre el Estado Argentino y la CIDH, nuestro país se comprometió a publicar el informe final del decano Claudio Grossman en la página de internet del Ministerio de Justicia, algo que ya se implementó, según informaron fuente de esa cartera. El mencionado informe se puede leer accediendo a: http://www2.jus.gov.ar/Amia/grossman.htm.
Los ministros del Interior y de Justicia y Derechos Humanos dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo al decreto firmado, las resoluciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la agenda de trabajo.