Diario Judicial.com: ¿Cómo surgió el proyecto gestado entre el CEJA, el INECIP y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y porqué se decidió la aplicación del plan piloto en el Departamento Judicial de Mar del Plata?
Cristian Riego Ramírez: Esto es un proyecto que tiene bastante tiempo de desarrollo en el que el CEJA y el INECIP y más bien el equipo que técnicamente apoyó el proceso de reforma en Chile y el INECIP tiene una relación de decádas, muy antigua. La Reforma en Chile se hizo en gran medida influenciada por ideas que venían de la gente de Julio Maier, de Alberto Binder. Luego en el caso de Chile hubo la posibilidad de hacer una implementación muy consistente, muy sistemática porque coincidió con años de desarrollo económico y de mucha estabilidad política. En esas circunstancias el CEJA fue creado para precisamente tener la capacidad de aprender de los procesos de reforma y difundir hacia otros países de la región los resultados y las experiencias positivas.
En ese contexto se tomo contacto con la gente de la provincia de Buenos Aires, porque existía la percepción de que era una típica reforma que se había hecho con mucho entusiasmo pero que había caído en un escenario político muy complejo y que fue mal implementada. Entonces estaba pendiente el desafió de una implementación apropiada y la experiencia de Chile parecía ser interesante. Se hicieron estos contactos, las autoridades de la provincia fueron a Chile, vieron como estaba funcionando el sistema, básicamente en esta dimensión de la oralización de las audiencias en la etapa de garantías, les gusto bastante como eso funcionaba. Luego fue una delegación de la Corte Suprema de la provincia y a partir de esas dos visitas se planteó la posibilidad de hacer un convenio que se suscribió y comenzó a funcionar a principios de este año. El convenio consistió en que un grupo de personas del Departamento Judicial de Mar del Plata fueron a Chile, donde estuvieron cerca de 20 días, observaron el sistema de audiencias y formaron una propuesta técnica para implementarlo en Mar del Plata, que fue apoyada todo el tiempo por gente del CEJA y del INECIP y es la que se ha implementado ahora y ha producido éstos resultados.
La selección del Departamento Judicial de Mar del Plata tuvo que ver básicamente con la disposición de la gente local a participar, y la inexistencia de problemas de criminalidad que pudieran hacer demasiado difícil la experiencia, así como en general buscar un escenario propicio para la implementación del plan.
En este caso se siguió la experiencia del modelo Chileno donde se aplicó la reforma en los departamentos más alejados del país llevando progresivamente el nuevo sistema procesal hacía Santiago
De alguna manera se buscó aplicar ese mismo esquema, partir desde lugares donde se pudiera tener absoluta claridad que se podía tener buenos resultados, para luego ir replicandolo a otros más difíciles.
¿Cuál fue la reacción de los operadores del sistema judicial al momento de implementar el plan piloto?
Yo diría que la reacción ha sido unánimemente positiva. Creo que lo que ocurrió tanto a nivel de las autoridades provinciales como de Mar del Plata, es que existía una gran convicción sobre las bondades del modelo acusatorio, una gran convicción llamémosla ideologica-conceptual. Pero había una cierta dificultad al imaginarse como esto podía funcionar, dada la experiencia negativa de implementación, y que no producía los resultados esperados. Para ello fue muy útil, que los funcionarios vieran, como personas equivalentes, que no eran personajes extraordinarios, podían con métodos sencillos, hacer funcionar algo de manera muy superior, a los estándares que se conocían, sobra la base de algunas ideas muy poderosas, como la idea de que todo se hace por audiencia, así como también la noción fundamental de que se tienen que tomar decisiones muy tempranamente. Esos son dos conceptos centrales sobre los que se estructura el nuevo sistema procesal.
¿La oralidad y el contradictorio serían dos elementos del nuevo sistema?
La oralidad, la contradicción desde el inicio y la decisión. Yo diría que esa es una segunda cuestión que a veces no se enfatiza tan fuertemente. La fiscalía debe tomar decisiones en la puerta de entrada, esto es absolutamente fundamental, porque lo que hemos visto en todos los países que no han implementado bien el sistema, uno de los problemas es este, es que los fiscales tienden a alargar los procesos por la incapacidad de tomar decisiones.
¿La reforma se implementará con los medios existentes?
Sí, en Mar del Plata no ha habido ninguna inversión, se ha trabajado con el personal que está allí presente, que es un personal muy bien entrenado de muy alto nivel. En realidad la única inversión ha sido habilitar una sala, que ya existía, y dotarla de un equipo de sonido para grabar las audiencias en un CD.
¿Porqué fueron seleccionados los casos en flagrancia para empezar a implementar el nuevo modelo de procedimiento?
Esta fue una decisión del propio grupo de Mar del Plata, impulsada por varias razones. Primero porque hay una regulación especial en el Código de la provincia, que establece un procedimiento de flagrancia, que es muy breve y la idea era implementar ese procedimiento tal como está regulado en el Código. En segundo lugar porque los casos de flagrancia son los más sencillos desde el punto de vista probatorio, entonces se quería partir de una metodología más simple. Sin embargo la expectativa de todos los que hemos estado en el proyecto es que esto se extienda, esta misma dinámica, al resto de los delitos, lo cual nos parece que va ser un proceso natural, ya que la flagrancia representa un porcentaje más que importante de los hechos sometidos al accionar de la Justicia.
¿Cuáles son las reformas que impulsa este nuevo modelo de procedimiento en la órbita de la gestión administrativa de la Justicia?
La gestión ha sido para nosotros una idea fundamental para echar a andar el sistema de una manera más consistente y con sus propios paradigmas. En el caso chileno, que sirvió como modelo, en los tribunales se implantó un sistema de gestión completamente nuevo que consiste en que se disuelven los juzgados tradicionales, los jueces pasan a integrar una unidad, un colectivo, que si bien actúan por separado, cumplen sus funciones en un sistema algo parecido a lo que puede ser una corte y en que la gestión de todo ese aparato jurisdiccional esta entregado a un equipo completamente profesional, dirigido por un administrador, que no es un abogado, normalmente es un ingeniero y con un equipo, cuyos perfiles tampoco están relacionados con el derecho. Este sistema ha permitido organizar las audiencias de manera adecuada, así como también otorga la posibilidad de atender al público de manera apropiada y realizar las demás tareas propias de la administración de Justicia. Esta misma dinámica de gestión se ha llevado al Ministerio Público, lo cual es también fundamental. La gestión se maneja con los estándares de calidad que puede tener cualquier otro organismo de la administración pública o una empresa privada. Este modelo de gestión también es utilizado en el Ministerio Público de la Defensa.
En el marco de la implementación de este programa piloto ¿Cómo se ha logrado alcanzar la condena de un hecho criminal en un plazo de tan sólo tres días?
La idea fundamental que está detrás del proyecto es que una vez que se produce una detención en flagrancia, en la que se supone que hay un material probatorio muy abundante, esa detención va a ser examinada en una audiencia, denominada Audiencia de Excarcelación, que se desarrollara antes de 5 días de producida la detención. En dicha audiencia se analizara la excarcelación del imputado, como así también podrán formularse los cargos de manera clara. Luego de esa audiencia se articularán una serie de posibilidades, una de ellas es la de realizar un Juicio Abreviado en ese momento, si el imputado reconoce su responsabilidad. Otra de las posibilidades es ir a un Juicio Oral, que se sustanciara en un plazo de 90 días. También en el marco de esta audiencia se pueden articular salidas alternativas como la suspensión del juicio prueba, etc. Por lo tanto, está audiencia es el eje fundamental del proceso, y la experiencia que se quiere implementar, es mostrar que entablar bien es acto procesal es lo que va a permitir que funcionen apropiadamente todas las demás instituciones, porque no sólo se trata de lograr juicios abreviados. Pero me gustaría enfatizar, que este mecanismo, tiene por función maximizar, tanto las ineficiencias, como los aspectos de garantías, la idea es que esta audiencia se de con plenitud del ejercicio de la defensa, nadie va a forzar a nadie a tomar decisiones rápidas con poca reflexión, el defensor siempre puede optar por llevar la causa a Juicio Oral, con la garantía de que tendrá un juicio rápido.
Una de las críticas que puede recibir el plan piloto es que en pos de la celeridad se sacrifican garantías del imputado. ¿Cómo respondería usted a esa crítica?
El objetivo del proyecto es maximizar al mismo tiempo la eficiencia de las garantías. Si nosotros empezáramos a ver, o cualquier persona pudiera ver, que el proyecto obtiene eficiencia a costa de las garantías, nosotros entenderíamos que esto es un fracaso y buscaríamos corregirlo. No se trata en ningún caso de obtener un objetivo semejante.
¿Esta reforma impulsa concretamente la posibilidad de cumplir con la garantía del plazo razonable?
Es uno de los elementos principales de esta reforma. En la experiencia chilena, hay muchos aspectos de esta proceso, donde hay una experiencia de 4 años, y que ya rige en todo el país, que han sido polémicos, que han generado que tenga amigos y algunos críticos. Por ejemplo ha sido polémico el tema de la racionalización del uso de la prisión preventiva y de la detención. En Chile ha caído mucho el uso de la prisión preventiva y la detención y sobre ese fenómeno existen partidarios que lo revindican y quienes lo critican. Pero hay dos fenómenos en el que todos son coincidentes, que son la rapidez y la transparencia. Esta metodología ha demostrado que lleva a tomar decisiones más rápidas, y mucho más transparentes, en términos de que desaparecen completamente todos los mecanismos informales de acceso a la información, de acceso a la justicia, de decisiones que nadie esta seguro de quien las tomó, si las decidió el juez, el secretario, un actuario, etc. Aquí hay un audiencia, desde el primer momento, en la que está la víctima, está el imputado, los periodistas, que pueden ver cual es la información que se le entrega al juez y cómo éste toma decisiones sobre esa información. En este sistema de audiencias el juzgador no tiene ninguna información sobre el caso, fuera de la que se le entrega al público, en la audiencia por parte del fiscal y el defensor, por ende decide ahí mismo sin ningún otro elemento informativo y esto tiene un efecto de transparencia enorme.
Dada su basta experiencia en el estudio de diversos sistemas judiciales, al momento de analizar la eficacia de un sistema ¿Dónde debemos poner énfasis, en el índice de resolución de causas iniciadas en ese sistema, o en el cumplimiento de las garantías constitucionales que enmarcan un proceso penal?
Yo creo que precisamente el sistema judicial es un sistema muy complejo, en cuanto que maneja muchas expectativas sociales distintas y que requiere dar respuesta simultáneamente a todas o a muchas de ellas. Por lo tanto, si uno quisiera postular un mecanismo de evaluación, yo creo que ese mecanismo se tiene que dar cuenta de esa complejidad, y es necesario evaluar el sistema, pedirle al sistema, distintas cuestiones, incluso que tengan un nivel de contradictoriedad entre sí, que están planteadas desde puntos de vista distintos. Por ejemplo yo creo que un criterio de evaluación es el respeto por las garantías, sin duda, es un criterio que debe estar siempre presente y se deben buscar metodologías para cuantificar, evaluar y comparar el cumplimiento de las mismas. Pero también otro criterio de evaluación es la capacidad de resolver los casos tempranamente que impacta sobre las garantías, pero no sólo sobre ellas, sino sobre la sensación del público y de las víctimas. Otro criterio de evaluación muy relevante que nosotros queremos tener presente en este proyecto, es la capacidad del sistema y especialmente del Ministerio Público para dar respuestas de calidad a las demandas de las víctimas. Con respuestas de calidad no sólo hablamos de obtener condenas, sino a la obtención de salidas alternativas o aún en aquellos casos donde hay frustración y no hay una respuesta, a ese tipo de resoluciones podemos agregarle valor, como la buena atención de la víctima, decisión temprana, claridad, transparencia, oportunidad del reclamo, explicaciones oportunas.
Entonces usted considera que el sistema judicial debe tener como objetivo resolver los conflictos, en el marco del proceso y no sólo perseguir un resultado determinado.
Exacto, y aún cuando la respuesta sea negativa, esa respuesta, se puede dar con un valor que apuntale la calidad de vida de la población y satisface sus expectativas, mucho mayor que el mero archivo del caso o el abandono por parte de quien investiga. Uno de los problemas que hemos observado y más consistentemente en América Latina, como aquí en Argentina, es la idea de que el sistema ofrece muy pocas respuestas, porque tiene muy poca oferta, y no hay una resolución concreta del conflicto, donde los propietarios del mismo sean incluidos.
El plan piloto que se desarrolla actualmente en el Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Se extenderá al resto de la provincia de Buenos Aires?
Sin duda el plan es llevarlo al resto de la provincia. Además CEJA es una institución de la OEA, que está implementando planes similares al plan piloto, en diversos países, como Costa Rica, Ecuador, etc. Aquí mismo en la Argentina nos interesa empezar a trabajar en otras provincias, de hecho, estamos por firmar en los próximos días, un convenio con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para impulsar un programa similar.
¿Usted considera que un proyecto que profundice el modelo acusatorio, como este, puede aplicarse a nivel nacional?
Yo creo que este fue el país más dinámico en el proceso de reforma de la justicia penal, desde el inicio del proceso de transición. Primero porque tuvo un despertar más temprano que otros países, pero además porque tenía una comunidad jurídica muy alerta y dinámica. Ese dinamismo se ha ido perdiendo, producto de la crisis política, y económica, pero nosotros pensamos que a medida que la estabilidad y el crecimiento económico vayan consolidándose, ese dinamismo va a retornar y pensamos que en los próximos 5 años, nuevamente será este el lugar donde habrá mayor inquietud en cuanto al mejoramiento de la Justicia penal.
¿Cómo será monitoreado el funcionamiento del plan piloto?
Luciano Hazán: Es parte integral de este proyecto, la observación permanente, no solamente hacia el final del convenio, sino que durante este tiempo de ejecución del plan desde el CEJA, el INECIP y las demás instituciones intervinientes en el mismo, estaremos monitoreando la experiencia con la finalidad de ajustar aquellos aspectos del proyecto que no estén funcionando apropiadamente y de esta forma evitar desvirtuar la finalidad perseguida con este proceso de reforma.