Por otra parte, señalaron que se han conocido los denominados “techos presupuestarios” comunicados por la Jefatura de Gabinete de Ministros, pero destacaron que los mismos “resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas de esta jurisdicción”. por ello aseguraron que “una inadecuada asignación de créditos para el Poder Judicial de la Nación, afecta el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Nacional, al no dotársele de los recursos indispensables para el cumplimiento de la indelegable e independiente misión de administrar justicia, que exige el respeto y la consolidación del sistema republicano de gobierno”.
En dicha inteligencia aclararon algunos de los puntos que fueron tomados en cuenta para emitir esta resolución, como por ejemplo que, en materia de recursos humanos, se ha previsto la cuantificación de los cargos existentes autorizados por la Corte que conforman la estructura funcional del Poder Judicial de la Nación y los establecidos por las respectivas leyes de creación de cada tribunal aún no habilitados.
También se han contemplado los cargos requeridos en materia forense por tribunales con competencia penal y por la Dirección Pericial, los necesarios para completar el Departamento de Seguridad e Higiene instituido por la normativa relativa a Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), los necesarios para habilitar el Fuero Penal Tributario, los requeridos para el cumplimiento de la Ley 25.269 -correspondiente a los tribunales orales federales que se transformen en cámaras federales-, los necesarios para completar las dotaciones del Consejo de la Magistratura, las previsiones para jueces convocados, Escuela Judicial, Seguridad Informática y Oficina de Sistemas de Gestión de Calidad, incorporación de cargos para la Cámara Nacional Electoral, los necesarios para la creación de la Oficina para la Atención de Violencia Doméstica, la habilitación de cargos de remuneración efectiva para aquellas personas a las que se denomina “personal meritorio” y las suplencias.
Además, se han contemplado los valores necesarios para llevar adelante la adquisición de inmuebles donde en la actualidad se abonan locaciones y la compra o construcción de un nuevo edificio para la Morgue Judicial. También se incluye un plan de mantenimiento y obras para mejorar, ampliar, adecuar, modernizar y refuncionalizar inmuebles propios, con el fin de superar el estado de colapso en que se encuentra la realidad edilicia del Poder Judicial de la Nación. Además se han tenido en cuenta los montos necesarios para realizar inversiones en materia informática y proveer soporte de seguridad a la gestión e información de tribunales y organismos, y la cobertura de las necesidades de moblaje y equipos de oficina.
Por último, podemos señalar que el año pasado, por medio de la Acordada 29/2004 y también un 10 de agosto, la Corte aprobó y envió al Congreso Nacional su partida presupuestaria del año 2005 que fijó en la suma de $1.200.261.274, y donde se asignaba el total solicitado de la siguiente manera: $1.055.967.677 para el Consejo de la Magistratura y $144.293.597 para la Corte. Sin embargo, estas no fueron las cifras finales, ya que la Ley 25.967 de presupuesto nacional 2005 que aprobó el Congreso fijó que en el presente año el Poder Judicial de la Nación contaría con un presupuesto de $884.290.933, una cifra significativamente menor a los $1.200.261.274 que la Corte había prefijado.
Con estos 884 millones de pesos la Justicia obtuvo el 1,14% del presupuesto de gastos de la administración nacional, que en el 2005 será de $77.530.824.823. Será por eso que el dinero no alcanzó y en marzo de éste año la Jefatura de Gabinete le asignó una partida adicional por 200 millones de pesos, lo que hace un total de casi 1.090 millones de pesos para hacer frente a sus gastos. Para muchos los fondos resultan escasos para resolver las problemáticas de fondo de la Justicia, y ahora habrá que esperar cómo resulta la asignación para el 2006 que será fijada por el Congreso.