El convenio fue suscripto el pasado cinco de agosto en el departamento de Totoral, Córdoba, por los jueces de los tres tribunales superiores provinciales: Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri de Santa fe; Daniel Carubia, Carlos Chiara Díaz, Miguel Carlín, Susana Medina de Rizzo y Leonor Pañeda de Entre Ríos y Luis Rubio, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucía Tarditti, Domingo Sesín, Armando Segundo Andruet (h) y María de las Mercedes Blanc de Arabel de Córdoba.
El documento destaca la importancia de contribuir al fortalecimiento institucional de los poderes judiciales de la Región Centro, mediante acuerdos de coordinación y armonización a los efectos de afianzar la seguridad jurídica y el acceso a la justicia y emprender acciones conjuntas para las reformas de la administración de justicia, en el ámbito de la necesaria independencia de los poderes judiciales.
Esos objetivos macro se prevén alcanzarlos a través de acciones concretas como mantener reuniones plenarias trimestrales con una agenda preestablecida, formar parte en la elaboración de proyectos legislativos que se relacionen con el servicio y las funciones propias de la administración judicial.
A su vez el protocolo busca establecer diversos ejes centrales, entre los que se destacan: el análisis de nuevas fuentes de financiamiento del servicio de justicia, fortalecer la mediación como instituto de solución alternativa de conflicto, profundizar la reforma judicial e intercambiar proyectos y normativa vigente referidos al establecimiento del estado judicial, entre otros.
También los jueces acordaron no adherir a la ley nacional que transfiere a las provincias la competencia para la persecución penal de delitos enmarcados en la Ley de estupefacientes 23.737 y que fue aprobada por el Congreso Nacional el mes pasado. La nueva ley establece que cada provincia debe ratificar su competencia en la materia.