Los jueces y las ONG dijeron presente

La posibilidad de incluir un plazo de caducidad para las denuncias que se presentan en el Consejo contra los jueces levantó gran polvareda dentro y fuera del Consejo. El proyecto está incluido en una serie de reformas propuestas para modificar el reglamento de la Comisión de Acusación. El Consejo ya aprobó 15 de los 18 artículos del proyecto, pero postergó una decisión sobre el resto para escuchar las opiniones de las organizaciones no gubernamentales y de los propios jueces, lo que se concretó este jueves.

Por un pedido expreso del propio Caminos, estaba en medio de un juicio oral en su tribunal, el presidente de la Asociación de Magistrados arrancó primero con su exposición. El representante de los magistrados se mostró claramente a favor de determinar un “plazo razonable” en el trámite de los expedientes. Se refería al plazo de caducidad de dos años propuesto por los propios consejeros jueces.

“Es cierto que no es fácil determinar un plazo para todos los casos pero un término de dos años es un plazo razonable para la conclusión del proceso”, dijo Caminos ante una sala repleta.

Luego aclaró que “no pretendemos lograr impunidad con esto”, y remarcó que “el plazo de caducidad va a acelerar el proceso”, en la Comisión de Acusación. Al igual que algunos de sus colegas que integran el Consejo, Caminos explicó que “las demoras generan incertidumbre” en los propios jueces.

Acto seguido, el presidente del Consejo, Enrique Petracchi, invitó a la mesa al constitucionalista Daniel Sabsay, que resumió la postura de un grupo de siete ONG, entre las cuales se encuentran INECIP, Poder Ciudadano y FARN.

Sabsay remarcó la necesidad de que se establezcan sanciones a los consejeros que incumplan con los plazos en los trámites de acusación de los jueces, sin que esto signifique que las investigaciones caduquen, y destacó que el paso del tiempo no es una respuesta satisfactoria ante un pedido de enjuiciamiento. “Todo el proceso debe estar reglamentado y cada trámite debe tener sus plazos”, dijo el prestigioso jurista.

Las ONG que representó Sabsay entregaron un documento donde se sostiene que “la remoción de magistrados es una cuestión institucional que afecta a los ciudadanos”. Además, las organizaciones solicitan la publicidad de los trámites acusatorios y la protección a los empleados del Poder Judicial que formulen las denuncias. “Son los que tienen mejor información por lo que sería importante asegurar su traslado a otro tribunal”, sostuvo Sabsay.

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