El gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá envió a la Legislatura el proyecto de ley por el cual la provincia de Buenos Aires adhiere a la norma nacional que desfederaliza los delitos vinculados con la ley de estupefacientes. Durante un acto que encabezó en la Casa de Gobierno provincial, Solá anunció que este miércoles ingresará a la Cámara de Diputados la adhesión de la provincia a la Ley 26.052, sancionada el mes pasado por el Congreso Nacional. La norma establece que cuando la “entrega, suministro o facilitación (de la droga) fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo recepta, la pena será de seis meses a tres años de prisión”. El segundo artículo señala que “los delitos previstos y penados por esta Ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires que, mediante Ley de adhesión opten por asumir su competencia cuando se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo”. El gobernador explicó que a partir de la implementación de esta ley, “la provincia contará con un total de 450 fiscales para intervenir en casos de drogas”; ya que la justicia provincial podrá intervenir en este tipo de delitos.
Estabilidad
Anahí Candioti continuará como fiscal subrogante de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de San Rafael tal como se dispuso a través de la resolución 227/05. La ratificó el titular del Ministerio Público Fiscal, Esteban Righi, con una nueva resolución. Candioti llegó a la fiscalía luego de que el 9 de agosto de este año muriera quien la tenía a su cargo, Jorge Carrión.
Conflicto
La Suprema Corte de Justicia bonaerense intimó al personal judicial, que cumple con una huelga desde hace casi 20 días, a que "regularice de inmediato" sus tareas porque de lo contrario "procederán las sanciones disciplinarias". Durante la acordada de este miércoles, los ministros del máximo tribunal provincial decidieron exigirle a los trabajadores que regularicen de inmediato el trabajo en los tribunales. “Si continúa el ejercicio de medidas abusivas procederán las sanciones disciplinarias", dijeron los jueces. Esta intimación fue aprobada por la mayoría de los miembros del tribunal, a excepción de su titular, Héctor Negri, quien, en voto disidente, declaró la existencia de un "conflicto de poderes". Los trabajadores de la Asociación Judicial bonaerense mantienen desde hace 19 días una huelga en reclamo de la aplicación de la ley de porcentualidad, que elevaría sus salarios a porcentajes preestablecidos sobre los haberes de los ministros de la Corte. Por su parte, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires reclamó que se habilite el funcionamiento de los tribunales los días sábados para compensar las jornadas de paro. (texto completo).