El proyecto, que está en estudio en la Comisión de Salud, informó la oficina de prensa de la Cámara de Diputados chilena, centra sus objetivos principales en la salud de los menores de edad.
En los colegios no se permitirá que a los comidas se le agreguen aditivos innecesarios. Tampoco ninguna comida con altas calorías podrá ser vendida dentro de los colegios ni a 100 metros de ellos. Como política de salud los colegios deberán tener entre sus planes de estudio los hábitos de una alimentación saludable y los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasa, ácidos grasos, azúcares y sal. Además, tampoco podrá ser comercializaba a los menores de 14 años.
Quienes comercialicen ese tipo de productos deberán asegurar “su inocuidad, fomentar un consumo racional y saludable, informar verazmente sobre la composición de sus productos, subproductos y componentes, y responder de los perjuicios que causen a los consumidores”, establece el proyecto.
Según la iniciativa, todos los alimentos deberán informar detalladamente en sus envases los ingredientes y nutrientes que lo componen. Los alimentos y comidas preparadas cuya composición nutricional presente elevados índices de calorías, deberán ser rotulados como "alimento hipercalórico", "alto en calorías", "alto en sal", o con otra denominación equivalente, según el caso. La autoridad sanitaria determinará qué alimentos presentan altos contenidos calóricos por unidad de consumo, volumen o peso, dice la moción.
El proyecto también regula la publicidad de la comida chatarra. Así, la venta de estos alimentos especialmente destinados a menores no podrá efectuarse mediante “ganchos” comerciales, como regalos, concursos, juegos, etx. Además, la publicidad de estos alimentos deberá llevar una advertencia de la autoridad sanitaria que señale los riesgos para la salud sobre su consumo abusivo o indebido.
Quien produjere o comercializare cualquier alimento que pueda generar daños en la salud de las personas por su sólo consumo, será sancionado con una multa económica y presidio menor en cualquiera de sus grados, establece el proyecto. Mientras que se estipulan sanciones más duras para quienes produzca alimentos en contacto con tóxicos o contaminantes.
El proyecto encarga la fiscalización de estas disposiciones a municipalidades, policías y servicios de salud.