Fernández e Inda están acusados de haber liberado a los 11 represores detenidos por crímenes de lesa humanidad utilizando un habeas corpus por el cual declararon incompetente al juez de la causa Carlos Skidelsky.
La denuncia fue presentada en el Consejo por el Centro de Estudios Legales y Sociales e incluía al también camarista de Resistencia Diómedes Rojas que falleció en julio de 2003.
El consejero Beinusz Szmukler, que junto a Marcela Rodríguez elaboraron el dictamen acusatorio que se aprobó, le explicó a DiarioJudicial.com que “los camaristas resolvieron el fondo del asunto de la competencia en el habeas corpus y dispusieron la libertad cuando lo que correspondía, si hubiera habido un conflicto de competencia, era: mandar la causa con los presos al tribunal que la cámara consideraba que era competente y no liberarlos”.
Szmukler agregó que “el caso particular de Inda es todavía mucho más grave porque él se venía excusando en todas las causas que tenían que ver con Margarita Belén porque en la época ya era juez y había actuado a nuestro criterio, y de lo que surge de los elementos de prueba, de tal modo de no investigar ni la masacre ni las torturas que fueron denunciadas. Y acá no se excusa y vota”.
Inda fue uno de los conjueces de la Corte Suprema que con su voto restituyó a Antonio Boggiano en el máximo tribunal antes que el Senado lo destituyera.
El pedido de juicio político fue aprobado por los consejeros Szmukler, Rodríguez, Juan Minguez, Jorge Yoma y María Leila Chaya. Por su parte, Luis Pereira Duarte votó por su propio dictamen que desestimaba la denuncia.
Ahora, quien deberá ratificar o no lo votado es el plenario del cuerpo y lo hará este jueves. Si las 2/3 de los 20 consejeros aprueban el juicio político, Fernández e Inda quedarán suspendidos en su cargo a la espera de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento.
Pereira Duarte criticó que en la misma semana que Acusación aprueba el juicio político también lo trate el plenario. Dijo que no le parecía apropiado que a una semana de las elecciones nacionales sea debatido porque es “desnaturalizarlo” y que “es un tema que merece ser tratado con mucha libertad sin influencias políticas”.
A esto Marcela Rodríguez dijo que “no es una cuestión de un partido político contra otro” porque los consejeros legisladores que votaron la acusación son de distintas agrupaciones. Se refería a Yoma y Chaya, del peronismo, Minguez, radical, y ella misma, del ARI.
Rodríguez también dijo que venían trabajando en la investigación hace un año cuando junto a Szmukler, en disidencia con Pereira Duarte, que presentó el dictamen para desestimar la denuncia, comenzaron a pedir pruebas que hoy se transformaron en una acusación.
De todas formas este “apuro” ya tiene un antecedente. Ocurrió con el juez federal de Reconquista, Santa Fe, Eduardo Fariz: en la misma semana que la Comisión de Acusación aprobó el dictamen de juicio político fue ratificado por unanimidad por el plenario del Consejo.