LA LLAMA QUE LLAMA. Resulta público y notorio que las noticias de Diario Judicial sirven de fuente, inspiración y guía para las informaciones judiciales de numerosos medios (todos ellos muy leídos y prestigiosos). Tampoco queremos aburrirlo para contarle las innumerables veces que hemos detectado la copia lisa y llana de párrafos enteros de noticias que se han publicado sin la autorización de nuestro medio. Eso lo saben nuestros más fieles lectores que cuando ven o escuchan alguna información repetida en algún diario o noticiero se sienten dentro de un "dejá vú" informativo, y en su fuero íntimo sienten la interna satisfacción de haber sabido por adelantado. Algunos colegas promedian: repiten 2, toman ideas de 5 y citan una. Los más trabajadores simplemente se inspiran, y de la punta que obtienen de Diario Judicial, arman un nuevo tejido con testimonios e información adicional. Otros directamente rapiñan (y tienen que comerse la gastada de sus colegas –que no lo buchonean con el jefe- pero saben el secreto de la copia evidente). Los más leales citan la fuente (lamentablemente son los menos). Una de las últimas muestras de anticipo en la noticia, fue el tema de las escuchas telefónicas ilegales a los miembros del Consejo de la Magistratura. Esta columna lo anticipó el 2 de octubre titulándolo UNA VOZ EN EL TELEFONO. Unos días después, el 7 de octubre publicábamos "Se confirman las sospechas: "Hay espionaje en el Consejo de la Magistratura. Infobae, citando a Diario Judicial publicó el 9-10 "Investigan espionaje en el Consejo de la Magistratura" . El 12 de octubre, Clarín descubrió América y publicó Investigan pinchaduras telefónicas. Había aparecido el 10 de octubre en Ámbito Financiero Investigan caso de “pinchaduras”, y recién el 13 se publicó en La Nación Escuchas ilegales en la Magistratura. Lo curioso de todo esto es que ese mismo día 13 (11 días después de la publicación original) un agudo observador de la plaza informativa tribunalicia, como lo son muchos de nuestros suscriptores, desde una carta de lectores enviada a La Nación, ponía en evidencia tanto el origen de la primicia, como su preocupación por el silencio y la inacción oficial. Desde el regreso de la democracia, en aquellos lejanos años 80, el tema de las escuchas ilegales ha sido una de las preocupaciones permanentes en la agenda del poder. Esto, junto con los fondos reservados, son temas que siempre sirven para furibundas críticas mientras sea la oposición la que está al volante. Tristemente las escuchas ya no sorprenden a nadie, pero lo novedoso en este caso, es que el tema por primera vez se instala dentro del Poder Judicial. Muchos ven en esto razones obvias: El Consejo es un órgano eminentemente político y con una envidiable cuota de poder. Tiene en sus manos las deseadas designaciones y las temidas remociones, no es poca cosa para atraer a espías de toda laya. Lo raro es que nadie se alarmó. Este tema se percibe y se recibe con total naturalidad, marcando el nivel de degradación institucional en que estamos sumergidos. Así el debate central sobre el tema giró más en torno a qué presupuesto iba a ser necesario erogar para detener futuras intrusiones en el ámbito de la Justicia nacional (150 pesos por mes por línea, todo un número dada la cantidad de líneas a proteger), que sobre el fondo de la cuestión. Quién es el que está tan interesado en escuchar estas conversaciones y para qué. El contrapunto más marcado es que las sesiones del Consejo son audiencias públicas, en las cuales se puede presenciar el debate. Claro que eso despierta muy poco interés -los consejeros están lejos de tener que colgar el cartelito "no hay más localidades" en la bordereaux-. Sin embargo, si se anunciara la reproducción de las conversaciones telefónicas de esos mismos funcionarios, seguramente las cintas se ubicarían en los top ten de los hits del momento. ¿Tan distinto será lo que dicen en público de lo que opinan en privado? Lo cierto es que lo judicial cada vez despierta mayor interés, tanto para los espías -que vaya a saber qué secreto oculto quieren saber-, como para los medios -que cada vez destinan más espacio a lo judicial y cada tanto hasta se dan el gusto de inspirarse en nuestras noticias-. Copian Sancho, señal que cabalgamos.
CRÓNICA DE UN PROCESAMIENTO CANTADO. La salida de Horacio Rosatti del Gobierno de Kirchner no hacia presagiar, a casi nadie, su visita tan inmediata por los Tribunales de Comodoro Py. Y menos aún que correría la misma suerte que su antecesor en el cargo, Gustavo Béliz, que dejó el gobierno en medio de denuncias, ventiladores y portazos varios. Sin embargo, poco días después de darse un abrazo con el Presidente en la Casa Rosada, mientras asumía Iribarne, el ex ministro de Justicia tuvo que venirse desde Santa Fe y presentarse en el despacho de Bonadío con un mutis por el foro. Previamente, Rosatti recusó a Bonadío y sugirió que la citación era una venganza en contra suyo por motorizar las denuncias contra el juez federal y zarandearlo ante el Consejo de la Magistratura por su desempeño en una causa conexa a la investigación por el atentado a la AMIA. Bonadío rechazó la recusación en esa causa en que se investiga la supuesta negligencia en el manejo de las cárceles federales, estando todo ahora en decisión de la Cámara Federal. Aunque esta situación podría paralizar durante un tiempo la causa, allegados al ex ministro (que actualmente es defendido por el conocido Pablo Jacoby, abogado de Memoria Activa y de Jorge Lanata, entre otros notables) dan por hecho que será procesado por el juez federal en poco tiempo. Además del santafesino y de Gustavo Béliz, otros ex funcionarios son investigados por esta misma causa: se trata de los ex secretarios de Justicia, María José Rodríguez y Pablo Lanusse; el de Asuntos Penitenciarios, Mariano Ciafardini, y el director y la vice del Servicio Penitenciario Federal, José Luis Soria y Amalia Toro. ¿Son estos los primeros funcionarios de la era K, destinados al periplo judicial una vez que dejen sus cargos? Parece ser un lugar común de los políticos “off power”, que terminados sus mandatos y misiones, tienen que dedicar parte de sus horas en el llano a recorrer juzgados. Les ha pasado a los de la era Menem, también a los que acompañaron a De la Rúa. ¿Por qué no debería pasarles a ellos? Si bien como dice el dicho, una golondrina no hace verano, la profecía parece inevitable: todo bicho que camina va a parar al asador (o todo funcionario que deja la función pública, va a parar a tribunales). Cuanto más alto se ha llegado, más duro y abrupto puede ser el descenso, y de eso los ex funcionarios conocen bastante (empujar primero y ser empujados después). Los más religiosos se encomendarán a algún santo y los más previsores ya tendrán preparado su abogado de confianza y su agente de prensa, para cuando lleguen a esas incómodas y amargas lides. Vive tu vida como si fueras a morir mañana, porque un día, vas a tener razón.