La cifra millonaria, un récord que habría podido mandar a la quiebra a las empresas, fue calculada en base a presuntas ganancias de los productores de cigarrillos por medio de fraude o engañando al público en perjuicio de la salud por consumo de cigarrillos.
La disputa en la Corte giraba en torno a cuánto dinero deberían pagar las empresas y si violaron la ley RICO, un decreto contra el crimen organizado.
En una decisión dividida (2 a 1), la corte de apelaciones había decidido el pasado febrero que la ley civil contra el crimen organizado sólo permitía compensaciones que pudieran prevenir la comisión de futuras violaciones. La demanda da marcha atrás con una decisión de la juez de distrito Gladys Kessler, que había fallado que la ley sí permitía al Gobierno buscar la entrega de ganancias de la industria como forma de "prevenir y contener" futuras malas prácticas.
Abogados del Departamento de Justicia norteamericano han calificado a la demanda como el caso civil más importante contra el crimen organizado jamás presentado por el Gobierno. Explicaron que el Gobierno se valió de los poderes de la ley de crimen organizado para "hacer frente a una actividad de concertación ilegal de décadas de la industria del tabaco y que afectó la vida de millones de estadounidenses".
Las empresas, por su parte han negado rotundamente que conspiraran ilegalmente para promover el hábito de fumar y dijeron que el Gobierno no tiene base para perseguirlas, después de que modificaran drásticamente sus prácticas de marketing como parte de un acuerdo de 1998 con los fiscales generales.
Los imputados tuvieron que defenderse de acusaciones como las de haber promovido que los cigarrillos "light" son menos dañinos respecto de los normales, sabiendo que los riesgos eran los mismos, haber negado que la nicotina provocara adicción, haber menospreciado los perjuicios provocados por el humo pasivo y haber alentado a la juventud a fumar por medio de la propaganda.
Las tabacaleras involucradas en el caso son Altria Group industria madre de Philip Morris; la unidad Lorillard Tobacco del grupo Loews; Liggett Group de Vector Group; la unidad R.J. Reynolds Tobacco de Reynolds American, y la unidad British American Tobacco Investments de British American Tobacco.
En Wall Street la reacción no se hizo esperar y las acciones de las tabacaleras subían fuertemente tras la decisión judicial. Los títulos de Altria encabezaban el alza con un 6,1 por ciento a 74,75 dólares en la Bolsa de Nueva York, mientras que el índice de acciones tabacaleras de Dow Jones subía un 6 por ciento a su marca más alta desde marzo de 2000.