En el texto, el magistrado considera que Videla en su carácter de funcionario público privo de su libertad a ciudadanos, con "omisión de las formalidades practicadas por la ley", y sostiene que esa operación se llevó a cabo abusando de las funciones de presidente en 72 oportunidades.
Además, sostiene que las detenciones ilícitas, seguidas con la sistemática desaparición de personas, fueron hechas por agentes y personas que actuaron con la autorización del Estado.
En ese sentido, dice que la mecánica que permitía Videla estaba siempre seguida por la falta de información sobre las personas que estaban desparecidas.
El texto recalca que se le reprocha al ex represor ser penalmente responsable de la privación ilegítima de la libertad de esas personas que desaparecieron durante la última dictadura militar en el país.
La ampliación del procesamiento de Videla se enmarca en la investigación del Plan Cóndor, una vasta organización conformada por los gobiernos militares, a mediados de los años setenta, de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
El plan tenía como fin hacer desaparecer del Cono Sur a los grupos de izquierda, comunistas y marxistas, utilizando para esto las torturas, detenciones ilegales y las desapariciones de personas.
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