DANZA CON LOBOS. Al Gobierno se le vencieron todos los plazos que la ley le indica para completar las grillas de nombres en las instancias más altas vinculadas a la Justicia. El decreto 222/03, para la preselección de los candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el 588/03, para la designación del Procurador General de la Nación y del Defensor General de la Nación, establecen que producida una vacante en algunos de esos organismos “en un plazo máximo de 30 días” se debe publicar el nombre y los antecedentes curriculares del candidato en el Boletín Oficial. Pero ante los dos últimos casos nada de eso ha ocurrido. El ex juez de la Corte Augusto Belluscio dejó el máximo tribunal el 1 de septiembre: hace más de 70 días. Y sin embargo su vacante todavía no fue cubierta aunque ya empezó la danza mediática de sus hipotéticos reemplazantes. A medida que van emergiendo los diferentes nombres, nace la duda de siempre: si son lanzados al juego de la silla para instalarlos verdaderamente, o si su mera mención es una maniobra para “quemarlos” en el spiedo de la pulseada por los cargos. Alrededor de la renuncia de Belluscio, y como ocurrió con las dimisiones o destituciones de los jueces de la ya legendaria mayoría automática, se ha hablado de la conveniencia de reducir sus miembros de 9 a 7: algo que apoyan magistrados, abogados y ONG. El Gobierno públicamente ha insistito que del nueve nadie me mueve. Pero la demora en el nombramiento del reemplazante de Belluscio da para la sospecha de que el Gobierno podría cambiar de opinión. ¿Estarán esperando que la Corte de conjueces avale la destitución de Antonio Boggiano? Si esto ocurre, el máximo tribunal quedaría con los 7 ya instalados. Una situación más curiosa transcurre en la Defensoría General de la Nación. Allí, Stella Maris Martínez es la defensora general sustituta desde el 19 de mayo. Un día antes había renunciado Miguel Ángel Romero. En este caso tampoco se aplica la norma vigente. Martínez está al frente de los defensores oficiales pero no es su titular definitiva. Falta que el Gobierno la oficialice al frente del organismo o elija a un candidato/a. Sin embargo Stella Maris ya tomó decisiones de poder real. Borró de un plumazo los últimos nombramientos que había hecho su antecesor Romero (¿en qué andará que está tan silencioso?), promovió el desembarco de sus nombres propios y ordenó como novedad la obligatoriedad de los defensores de visitar las cárceles más seguido de lo que lo venían haciendo. Estos blancos en la guía judicial difícilmente sean resueltos este año, salvo que Papá Noel necesite meter los nombramientos por la chimenea. Quizá el gobierno espera ansioso la nueva composición del senado para dar la campana de largada con final asegurado. Una vez elegido el o la candidata los ciudadanos, ONG´s, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos, tienen 15 días para hacer llegar sus opiniones y observaciones de la persona elegida. Luego el Gobierno tiene otros 15 días para analizar las opiniones y decidir si envía la propuesta al Senado de la Nación. Allí se debe convocar a una audiencia pública con el candidato para que luego el pleno de la Cámara lo apruebe. Algo mucho más fácil con una multitud de senadores Kompatibles. Nombres más, nombres menos lo cierto es que la Justicia se va renovando gradualmente y eso, como siempre, es mucho para los más conservadores, y poco para los más entusiastas. Pero en todo esto hay algo que es preocupantemente cierto: los argentinos no somos capaces de cumplir con la ley ni siquiera en los temas de Justicia.
LEXIS LAPSUS O LAS VUELTAS DEL PANQUEQUE. La empresa de publicación y búsqueda arancelada de fallos, Lexis Nexis, tuvo que salir a aclarar que una de las resoluciones de cámara publicadas en su base datos no correspondía a lo efectivamente dispuesto por el tribunal sino que era un mero borrador de una confirmación de un procesamiento, que realmente nunca se firmó. Se trataba de un fallo de la Sala I de la Cámara del Crimen que decidía sobre la acusación de coacción de 8 piqueteros que en el 2003 tomaron varias estaciones de subte en apoyo a un paro de los empleados de Metrovías, y que portando palos y con los rostros cubiertos, impidieron la circulación de los coches de la línea B. Más allá de la gaffe que la conocida editorial tuvo que salir a disculpar por un presunto error de quien les proveyera del fallo, lo cierto es que los que conocen a fondo el manejo de un tribunal, saben que -más cuando se trata de un cuerpo colegiado- siempre circulan borradores previos a la firma definitiva. Obviamente en las computadoras, así como ya está cargado el membrete “Poder Judicial”, también está la plantilla con la leyenda ”ante mí” que luego es suscripta por el secretario. La danza de proyectos muchas veces funciona como un “brain storming”, en donde se vuelcan muchas veces ideas contrapuestas. Más en un tema de interpretación de protesta social, donde de acuerdo al cristal con que se mire, se puede fallar en uno u otro sentido. Lo muy particular de este caso es que entre lo publicado y lo decidido, se puede advertir una línea argumental diametralmente opuesta entre sí. En el frustrado proyecto se confirma el procesamiento de los piqueteros por coacción. Dicen allí los jueces: «Si bien el reclamo de trabajo de los encartados resulta perfectamente legítimo y lícito, la manera en que fue instrumentado-presentación en grupo numeroso, portación de elementos claramente intimidatorios como los palos incautados y la ocultación del rostro y la negativa de deponer su actitud hasta tanto se accediera a su petición- excede el campo de lo permitido y configura el delito de coacción». Mientras que en la resolución efectivamente firmada se sobresee a los imputados argumentando que: «En cierta manera, hasta se puede hablar de un derecho a huelga por exclusión, siendo una cuestión siempre conflictiva establecer cuándo se mantiene dentro de los canales legítimos y cuándo los excede». Enseguida se alzaron voces queriendo ver en este desliz, una mano negra que obligó a los jueces a cambiar su veredicto, condimentando la suspicacia política señalando enfáticamente que uno de los jueces de la Sala I era nada más y nada menos que Gustavo Bruzzone, hasta hoy zarandeado por la excarcelación de Chabán. En teoría a ninguno de estos jueces, el Consejo de la Magistratura podría llegar a sancionarlos por culpa de un borrador escurridizo. Incluso las espadas más filosas de la Comisión de Acusación Beinusz Szmukler y Marcela Rodríguez, al tratarse de una resolución que seguramente comparten desde la convicción personal, dirán que los magistrados tienen todo el derecho de deliberar hasta el momento en que efectivamente firman, y seguramente en este caso, no encontrarán motivos de sospecha alguna. ¿Pero qué hubiera pasado si esto le sucedía a alguno de esos jueces que al pasar por el Consejo de la Magistratura se tienen que bancar la mirada gélida del dúo más incisivo de la Acusación? Seguramente a estos magistrados le cabrá el “maleficio” de la duda. Si el caso no hubiera sido –como el que fue- un tema de eminente carácter político social y hubiera decidido alguna cuestión que involucrara un monto importante de dinero, seguramente hubieran llovido denuncias y suspicacias de cohecho. Pues bien, la garantía para que los jueces puedan definir hasta último minuto de acuerdo a sus convicciones y con total autonomía debería estar en los miembros del Consejo. Pero aquí, tanto desde la izquierda como desde la derecha, todavía nadie tiene la hidalguía de defender al que no piensa como él. Con sólo mirar el elenco de consejeros en abstracto en un momento determinado, podríamos anticipar con poco margen de error quien va a defender y quien va a intentar hundir a Bruzzone, a Marquevich, a Galeano, a Garrigós de Rébori o a Bonadío. Rara defensa de la pluralidad que no descansa en las convicciones de cada uno de los consejeros –como debería- sino en la totalidad del cuerpo que sólo se balancea políticamente por tener miembros de diferentes extracciones, sectores e ideologías. Lo ideal sería que los votos no fueran tan cantados y que a diestra y siniestra sean capaces de mostrar el coraje de bancarse fallos que no les gustan si efectivamente están ajustados a derecho o jueces que no les simpatizan, si no hay nada que reprocharles. Ese es el tema que sin duda, por lo que vienen hasta ahora haciendo los que fueron sucesivamente miembros del Consejo desde que se creó el organismo, ya se llevaron a marzo. Por ahora todavía la tienen previa.