ASADO- MASOQUISMO. El nuevo esquema político del Consejo –reforma mediante- hace que el gobierno así como dominará cómodo al poder legislativo, tenga una voluntad predominante en las decisiones de altas y bajas de jueces. Un espacio especialmente sensible que nunca queda afuera de la agenda, es el reservado a los jueces federales, que ven en esta nueva movida una nueva amenaza a su constitucionalmente consagrada estabilidad. La preocupación mayor es que ya nadie se escandaliza porque a los jueces se los zamarree por el contenido de las sentencias. Esto es tan común y tan comúnmente aceptado, que generando una mayoría automática esta vez en el Consejo, nadie estará del todo seguro en su asiento. La renovación de un tercio de los sillones de Comodoro Py ya rindió frutos a las expectativas gubernamentales, pero como la sed K parece ser la de un beduino en el desierto comiendo papas fritas saladas (bien saladas), nadie descarta nada. Los cálculos para los federales son alarmadoramente simples: bajo las iras K cayeron los ministros de la Corte Suprema, los militares, los empresarios, los policías, el FMI, EEUU, los ex aliados (Duhalde), la izquierda (el ARI) y la derecha (el PRO). Muchos creen ver en esta nueva ofensiva para tomar el Consejo la construcción del patíbulo federal. Si esto termina siendo así, no habrá Chapulín Colorado que los defienda. Un síntoma de cómo andan los ánimos de la primera instancia de federal fue el asado tendido generosamente por el novel juez Guillermo Montenegro. El ex fiscal se encontró ingratamente sorprendido cuando al convite faltaron los jueces federales dejándole un interesante surtido con destino al freezer pro-navidad. A la reunión asistieron solamente sus viejos camaradas del Ministerio Público a los que todavía les quedan ganas de mostrarse un poquito y festejar por fin de año. Sólo la perenne necesidad K de mantener la llama del conflicto permanente puede justificar un avance sobre los ya históricos jueces federales. Ninguna señal de Comodoro Py ha servido como para inquietar justificadamente al gobierno. Todo lo contrario. Desde los muy apaciguados trámites que van teniendo las denuncias por corrupción que van cayendo sin prisa pero sin pausa, hasta el aval desde la justicia electoral, a todos los enredos que armaron con la estructura del PJ en sus distritos más conflictivos que beneficiaron de una u otra forma las aspiraciones oficiales, todas las señales no dan más que satisfacciones al oficialismo. La posibilidad de que Cristina y Chiche fueran en listas separadas sin necesidad de ir a internas o el tácito aval al pase de Borocotó del PRO hacia el FPV fueron ofrendas que la Justicia depositó fervorosa tratando de calmar a los dioses K. El dicho dice “siembra vientos y cosecharás tempestades” por eso muchos jueces sembraron mimos para cosechar tranquilidades. Nadie sabe si fueron suficientes o si sólo compraron tiempo que se agotará ni bien no haya otro adversario mejor para poner contra las cuerdas. El axioma que siempre gobernó en el cuarto piso del Palacio de Tribunales “que los temas políticos los resuelva la Política, no la Justicia” fue usado con fervor y entusiasmo por más de uno. ¿Alcanzará?
UN VOTO CANTADO. Carmen Argibay es la única del “equipo titular” de la Corte Suprema que no se excusó para tratar la causa sobre el pago del impuesto a las ganancias. Los demás jueces se apartaron “por razones de decoro”. Desde acá nos pareció llamativo porque recordamos que la ministro “rebelde” tuvo expresiones concretas y públicas sobre este tema. En un reportaje publicado por Diario Judicial.com a fines de 2004, cuando todavía no había asumido en el máximo tribunal por sus tareas en La Haya, Argibay dijo: “Yo siempre dije que teníamos que pagar” (el impuesto a las ganancias). “A mí nunca me convenció la Acordada de la Corte que determina que es violatorio del artículo 110 de la Constitución, que dice que no se le puede disminuir los sueldos a los jueces”.Y agregó: “Pagar impuestos no es disminuir el sueldo de los jueces. Yo creo que nosotros tendríamos que pagar y siempre que lo dije mis colegas me quisieron matar”. No quedan dudas, evidentemente, sobre cual era su postura respecto de este tema. Sin embargo, Argibay no se mantuvo al margen de la causa que llegó a la Corte. ¿Por qué los demás sí y ella no? Muchos opinan que hay prejuzgamiento, otros que es simplemente sinceridad. ¿La recusarán? Lo cierto es que los conjueces y la ministra se volvieron a reunir, por segunda vez, y patearon la cuestión hasta febrero –feria mediante- ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. El tribunal debe decidir si hace lugar a los amparos presentados por magistrados sanjuaninos a los que la AFIP les reclama el pago del impuesto a las ganancias. La constitución sanjuanina, en su artículo 200, señala que las remuneraciones de los magistrados "no pueden ser disminuidas con descuentos que no sean los que la ley dispusiera con fines de previsión o carácter general". Sin embargo, la AFIP entiende que la ley del impuesto a las ganancias es una norma de carácter general y que, por lo tanto, corresponde que los jueces jubilados que presentaron los amparos paguen por ese concepto. Muchos opinan de manera salomónica que si bien por un lado es sano que paguen, ya que nadie debe tener privilegios de ningún tipo, para satisfacer la manda constitucional deberían aumentarles el sueldo en un equivalente al importe que deban oblar. Como si River y Boca salieran campeones del mismo campeonato, un empate técnico que dejaría feliz a la multitud y neutralizaría todas las cargadas entre los clásicos rivales. Además de Argibay, el cuerpo que resolverá esta situación está integrado por los jueces Leopoldo Schiffrin (candidato para quedarse en la Corte), Jorge Ferro, Carlos Pereyra González, Juan Carlos Poclava La Fuente, Gabriel Chausovsky, y los abogados Alberto García Lema, Héctor Méndez y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti. La historia del impuesto a las ganancias no es una cuestión de equidad fiscal sino que es un jalón más de la pulseada entre la clase política y los jueces. Ayer perdieron la chapa blanca y hoy tienen que ir a justificar multas de tránsito cuando usan su vehículo particular para un allanamiento. Mañana pagarán –tal vez- impuesto a las ganancias y pasado tendrán que marcar tarjeta. Lo cierto es que los jueces ya lo tienen asumido, es el precio que saben tienen que pagar por tener el beneficio de la estabilidad perpetua. Tienen claro que al final inexorablemente se imponen las reglas del viejo varieté: “hoy como ayer, pasan los gobiernos, pasan los políticos, quedan los artistas, esos ilusionistas”.