El juicio contra Fariz comenzará el 9 de febrero y se extenderá hasta el 17 del mismo mes; mientras que el jury a Fernández e Inda se iniciará el 13 de marzo y, aunque todavía no están fijados los autos de cierre, se prevé que se extienda por cinco días.
Los juicios serán el debut de dos integrantes del Jurado. Por un lado, el de Helena Highton de Nolasco como presidenta del tribunal, cargo al que accedió en su calidad de vicepresidenta de la Corte Suprema en el que fue elegida el 30 de agosto del año pasado, y el del senador nacional de la UCR José Luis Zavalia que reemplazará a su par Jorge Agundez, que dejó su cargo legislativo, condición necesaria para ser jurado.
Los tres jueces acusados llegan a juicio luego que el Consejo de la Magistratura investigara y aprobara las denuncias por mal desempeño que pesaban sobre ellos.
En el caso de Fariz, su acusación fue aprobada por unanimidad del plenario del Consejo el 8 de septiembre pasado y la misma “se sustenta en un cuadro de conductas, referidas a su función de instructor de procesos judiciales, y de la dirección del tribunal a su cargo, que demuestran un profundo abandono de las cualidades exigibles para la mantención de su calidad de juez” afirma el dictamen.
Entre esas irregularidades se encuentran: maltratar a sus empleados a los que utilizaba para tareas personales, tener actitudes amenazantes y violar los reglamentos sobre los ascensos del personal con “argumentos falaces e, incluso, discriminatorios e ilegales”, mala tramitación de causas de tráfico de drogas y contrabando y la manipulación del sistema de elección de conjueces, “con fines contrarios al principio de imparcialidad” y se le reprocha la forma de cobro del canon del inmueble donde funciona el juzgado en la que esta involucrado su sobrino.
A esto se suma “el trato otorgado a los abogados, mostrándose como evidentemente desigual en favor de aquellos que integraran su otrora estudio -en el cual ejerciera previo a su nombramiento en el cargo-, o que patrocinan actualmente a antiguos clientes o amigos personales” dice el dictamen. Sobre este tema, el instructor del expediente, el ex consejero Juan Minguez, le había dicho a DiarioJudicial.com que Fariz le hacía sugerencias “a algunos imputados para que designaran a un determinado abogado defensor en alguna medida garantizándole resultados en la causa”.
Por su parte, Fernández e Inda, denunciados ante el Consejo por el Centro de Estudios Legales y Sociales, están acusados de haber liberado a los 11 represores detenidos por crímenes de lesa humanidad, por su participación en la masacre de Margarita Belén durante la última dictadura militar, utilizando un hábeas corpus por el cual declararon incompetente al juez de la causa Carlos Skidelsky. La masacre de Margarita Belén ocurrió en diciembre de 1976 cuando 22 presos políticos fueron asesinados luego de ser torturados.
La acusación fue aprobada por 13 votos contra 3 en el plenario del Consejo del 13 de octubre. Allí, la diputada del ARI Marcela Rodríguez explicó que los camaristas actuaron con un “abusivo apartamiento y desconocimiento del derecho” y que “entorpecieron el trámite de la causa”. Esto último es en relación a que uno de los represores acusados está prófugo de la justicia.
El consejero Beinusz Szmukler, que junto a Rodríguez presentaron el dictamen acusatorio, le explicó a DiarioJudicial.com que “los camaristas resolvieron el fondo del asunto de la competencia en el hábeas corpus y dispusieron la libertad cuando lo que correspondía, si hubiera habido un conflicto de competencia, era: mandar la causa con los presos al tribunal que la cámara consideraba que era competente y no liberarlos”.
Szmukler agregó que “el caso particular de Inda es todavía mucho más grave porque él se venía excusando en todas las causas que tenían que ver con Margarita Belén porque en la época ya era juez y había actuado a nuestro criterio, y de lo que surge de los elementos de prueba, de tal modo de no investigar ni la masacre ni las torturas que fueron denunciadas. Y acá no se excusa y vota”.
En el juicio a Fariz actuaran como fiscales los consejeros abogados Szmukler y Luis Pereira Duarte; mientras que el propio Szmukler y Rodríguez harán lo mismo en el Jury a Inda y Fernández.