“A la inversa de otras instancias históricas, en esta oportunidad el cambio en el número de miembros de la Corte se haría con el fin de resguardar y no de socavar su independencia” afirmaron Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asociación por los Derechos Civiles, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias penales y Sociales, ONG conocidas por el documento “Una Corte para la Democracia”, en la carta que le enviaron a Kirchner el viernes 13 pasado.
Las ONG entiende que la reducción “lograría reafirmar el rumbo positivo iniciado por el gobierno en decisiones precedentes sobre la Corte y contaría con el firme apoyo de las organizaciones de la sociedad civil firmantes”. Se refieren a los decretos 222 y 588 firmados por Kirchner en el 2003 en los cuales se abrió a la ciudadanía un periodo para que opinen sobre los candidatos a jueces para la Corte Suprema y los tribunales inferiores.
Las entidades calificaron a la Corte como “una institución menos ágil que antes de su ampliación” y que, a pesar de que “en los últimos tiempos se han producido algunas mejoras muy destacables en el funcionamiento interno del tribunal”, las ONG consideran que “enfrenta todavía serias deficiencias funcionales”. Una de ellas es el tiempo que se pierde circulando los expedientes por los despachos de los nueve jueces, lo que se podría reducir con siete magistrados. A esto se suma “que la Corte sigue entendiendo en una gran cantidad de causas”.
“Según entendemos, una Corte de siete miembros —con un caudal menor de expedientes— posibilitaría una menor delegación de parte de los jueces en sus colaboradores, agilizaría la toma de decisiones y optimizaría en general su trabajo” explicaron las ONG que desde agosto del 2005 han reclamado en conjunto la reducción de la Corte en al menos otras tres oportunidades, una de ellas también al presidente Kirchner.
Sin embargo, el Gobierno ha dicho públicamente que no está en sus planes reducir el número de miembros de la Corte. Por eso, si el Gobierno no la reduce, las ONG le reclamaron a Kirchercubrir “en forma inmediata” las vacantes que dejaron el 1 y el 28 de septiembre Belluscio y Boggiano respectivamente; el primero por renuncia y el segundo destituido por mal desempeño de su cargo por el Senado.
El proceso para cubrir esas vacantes está regido por el Decreto 222 en el cual el Gobierno tiene “un plazo máximo de 30 días” para elegir un reemplazante y publicar el nombre y los antecedentes curriculares del candidato en el Boletín Oficial. En los casos de Belluscio y Boggiano ese plazo está “holgadamente” vencido.
“Además del incumplimiento formal que significa el transcurso del plazo, esta situación de incertidumbre sólo logra desvirtuar el objeto y espíritu del decreto y pone en riesgo el logro que significó su dictado” concluyeron las organizaciones.