Dos adolescentes de 14 y 17 años fueron detenidas tras asaltar un Cyber y golpear una de ellas al encargado con un cenicero. Habrían utilizado para cometer el delito un arma de juguete. ¿Puede imputárseles el robo a mano armada -art.166, inc. 2º CP-? Con respecto a la menor de 14 años la respuesta es negativa, ya que se encuentra dentro de la edad de inimputabilidad, por lo que el juez de menores que entienda en la causa, a lo sumo, hará uso de una medida de seguridad si que considera que la menor se encuentra en una situación de peligro o de desamparo con respecto a su familia. La otra menor, la de 17 años, se encuentra en un límite muy cercano a la imputabilidad, ya que entre los 16 y hasta los 18 años puede imputárseles los delitos de acuerdo a su capacidad de comprensión entre lo lícito y lo ilícito. Aceptando que tiene la capacidad suficiente de comprensión, ¿por qué delito debería ser investigada y juzgada? Algunos sostienen que el acto contrario a la norma es igual tanto en el que usa un arma de verdad como el que usa un arma de mentira, además de tener los mismos resultados intimidatorios. Otros, por el contrario, encuentran el fundamento normativo en el peligro que sufren otros bienes jurídicos –como la “vida” y la “integridad física”-, por lo que un arma de juguete, al no tener capacidad de disparo no genera peligro real alguno. El Decreto N° 395 de la Ley 20.429 parece avalar la segunda hipótesis, ya que entiende por arma de fuego a “...la que utiliza la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora para lanzar un proyectil a distancia...”; por lo que debe descartarse el uso del juguete como agravante. Queda por preguntarse si el uso del cenicero puede ser considerado arma, ya que objetivamente todo instrumento que aumente el poder ofensivo de un sujeto es un arma. Habrá que medir, por lo tanto el mayor poder ofensivo que le otorgó ese objeto para justificar que un delito cuyo mínimo es de un mes y cuyo máximo es de seis años, pase a convertirse en uno de cinco años de mínimo y quince años de máximo.
Búsqueda de talentos
La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner se reunió este miércoles con los cinco diputados del Partido Nuevo, del intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez, cercano al Gobierno, para convencerlos que en febrero voten la reforma al Consejo de la Magistratura impulsada por ella misma pero criticada desde todos los ámbitos de la Justicia. La reunión se realizó en la Casa de Gobierno y también contó con la presencia del jefe de Gabinete Alberto Fernández, quien había arreglado el encuentro con Juez cuando el 5 de enero pasado se reunieron por el mismo tema. También estuvieron presentes en el encuentro Carlos Kunkel, diputado oficialista y miembro del Consejo, y Juan Carlos Urtubey, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de diputados que el 28 diciembre del año pasado en un solo día de discusión le dio dictamen al proyecto y lo dejo listo para ser tratado en febrero por la Cámara cuando se reabran las sesiones extraordinarias. El Gobierno mantuvo estas reuniones porque no tiene el número suficiente para aprobar por sí solo el proyecto que ya tiene media sanción del Senado. Necesita 129 votos y su bancada cuenta con 118, a lo que habría que restarle los votos de Rafael Bielsa y Oscar Massei que votarían en contra de la iniciativa. Por eso el oficialismo necesita la adhesión de otras bancadas, y en eso anda. Aunque desde el Frente para la Victoria dicen que ya tienen los votos necesarios quieren sumar más adhesiones para no llegar con el número justo. Los diputados que deberán pensar cómo votar luego de la reunión con Cristina Kirchner son: Norma Morandini, Daniel Giacomino, Gumersindo Alonso, Raúl Merino y Francisco Delich. Desde organizaciones no gubernamentales, de abogados, jueces, universitarias y la propia oposición política han rechazado de manera categórica la iniciativa ya que consideran que el Gobierno se apoderaría del Consejo al contar con cinco miembros sobre 13, tal como establece la reforma, y así controlar las destituciones y selecciones de jueces. También afirman que la reforma es inconstitucional ya que rompe con el equilibrio que la Constitución pide en la integración de los estamentos que conforman el Consejo. Pero las críticas a la iniciativa no sólo son nacionales. La organización estadounidense de derecho humanos Human Rights Watch criticó la reforma al Consejo y le pidió a Kirchner que la revea al mismo tiempo que destacó los cambios que hizo en la Corte Suprema y le pidió continuar en la misma dirección para temas judiciales.
Medio ambiente
El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, junto a su vice Guillermo Guastavino, presentarán ante la Justicia federal una denuncia penal contra los empresarios responsables de la instalación de las papeleras. Busti se presentará ante el juzgado Federal de Concepción del Uruguay para radicar una presentación imputando a los directivos de las empresas Ence y Botnia por los delitos de contaminación, establecidos en la Ley de Residuos Peligrosos. El planteo del mandatario refiere a la Ley 24.051 que en su artículo 55 establece que “será reprimido.. el que utilizando los residuos... envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general”. En tanto, el mandatario le reclamó al gobierno uruguayo que si continúa avalando la construcción de las papeleras entonces haga respetar los parámetros ambientales de Europa o, de lo contrario, las relocalicen junto al mar, como se hizo en Finlandia.