El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Hugo Zuleta declaró la inconstitucionalidad de una norma local que obliga a una doble tributación previsional a los abogados que actúan en el ámbito porteño. El magistrado hizo lugar a un amparo presentado por un letrado y declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la normativa que rige a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CASSABA). La reglamentación que derribó el juez, si bien tiene alcance para un caso en particular, establece un antecedente relevante en un tema espinoso por el que los abogados porteños vienen reclamando en los últimos tiempos.
Impunidad
El ex secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Juan Carlos López le apuntó a la Policía Federal al afirmar que el boliche Cromagnón estuvo protegido por esa fuerza y que los inspectores no podían realizar controles debido a que las denuncias no llegaban al organismo de control. La afirmación de López fue durante la audiencia que se realizó este miércoles en el marco del juicio político al suspendido jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y en la que declaró como testigo. López, que renunció a su cargo el día de la tragedia, el 30 de diciembre de 2004, es el único de los ex funcionarios porteños que está procesado en la causa penal por homicidio culposo; el resto lo está por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El ex secretario reconoció que durante su gestión no hubo inspecciones al boliche de Once, excepto una que se realizó en febrero de 2004 pero que en ese momento el local se encontraba cerrado. Quien está a cargo de la Policía Federal es el ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, quien estaba citado a declarar para el día miércoles pero adelantó que no se iba a presentar.
Una menos
Finalmente la asamblea de accionistas de Aguas Argentinas decidió retirar la demanda contra Argentina ante el CIADI “sin perjuicio de los reclamos de accionistas extranjeros”, dejando así en manos del grupo Suez la totalidad de los recursos jurídicos internacionales. A su vez esta medida facilitará, según se cree, el traspaso de activos de la empresa. También se llevará a cabo una asamblea ordinaria, en la cual se discutirá si el grupo Suez se retira de Aguas Argentinas y, si en ese caso, será reemplazado por otros inversores o será un servicio público que pase a la órbita del Estado. El grupo Suez espera conseguir un dictamen favorable ante el CIADI, pudiendo así recuperar las garantías ejecutadas por el cese de la concesión, y las inversiones realizadas en el servicio de aguas.
Transparencia
El juez federal Daniel Rafecas autorizó a un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) a revisar la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos a senadores para la aprobación de la ley de reforma laboral durante el gobierno de la Alianza. Rafecas resolvió así un pedido presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la JUSTICIA (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE), en noviembre de 2005. Ambas ONG reclamaron tener acceso a la causa y fundamentaron el pedido en la "necesidad de publicidad que tienen las cuestiones vinculadas a actos de corrupción que emanan de funcionarios públicos".Rafecas accedió al pedido tras considerar que "representan el interés colectivo". Pedro Biscay, Director del CIPCE, sostuvo que “el fallo sienta un importante precedente al permitir una mayor participación de la sociedad civil en el seguimiento de los grandes casos de corrupción”.
Investigación
La Justicia penal de La Plata allanó unos 12 domicilios, entre ellos la sede de la AFIP local, en el marco de una causa en la que se investigan presuntos pedidos de coimas a comerciantes. El procedimiento fue dispuesto por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N º 4 de La Plata, María Laura D´Gregorio. En la causa se investiga el accionar de falsos inspectores que presuntamente pedían coimas a comerciantes de la región a cambio de frenar expedientes por multas, iniciados en la AFIP. Las sumas exigidas irían de $300 a $5.200 para empresas nacionales, y de u$s 2.000 mil a u$s 3.000 para firmas extranjeras. La investigación, se inició en agosto de 2004, con la denuncia de un empresario platense. En los allanamientos se secuestraron computadoras y documentación de interés para la causa.