Guillermo Quadrini, juez de Concepción del Uruguay, rechazó el pedido de Jorge Busti de impedir la circulación de los camiones con materiales para la construcción de las papeleras de Botnia y ENCE. Según el magistrado, y a la luz del Código Aduanero, la medida solicitada por el gobernador no es posible legalmente; de hecho, de fallar a favor de dicha medida cautelar se estaría incurriendo inclusive en un delito penal. No es el Poder Ejecutivo de Entre Ríos, ni la justicia de dicha provincia, ni la Aduana la legitimada a impedir el paso, ya que sólo el Poder Ejecutivo Nacional, en pos de resguardar intereses económicos o no económicos –como en este caso, el medio ambiente- puede adoptar tal decisión. Según el artículo 610 inciso “h” de la Ley 22.415 –Código Aduanero-, se pueden disponer prohibiciones en la exportación y/o importación con el objeto de ”Preservación del ambiente, conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación.” -inciso incorporado por la Ley 24.611-. El propio Código Aduanero establece el órgano facultado para imponer prohibiciones, así el artículo 631 establece: ”El Poder Ejecutivo podrá establecer prohibiciones de carácter no económico a la importación o a la exportación de determinada mercadería con el objeto de cumplir alguna de las finalidades previstas en el artículo 610.”. La facultad otorgada al mencionado poder estatal es exclusiva. Según fuentes del gobierno de Entre Ríos, la decisión del magistrado de acatar lo estipulado en el Código Aduanero perjudica al Estado Nacional y al provincial, por lo que en las próximas horas apelará lo resuelto.
Sin recurso
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el recurso de queja presentado por el ex juez de Menores Julio César Rogiano, condenado a cinco años de prisión por cohecho agravado y estafa, al considerar que “el caso no reúne los requisitos legales exigidos para abrir la instancia extraordinaria”, según informó la oficina de relaciones institucionales del alto tribunal. El recurso ya había sido rechazado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y ante la apelación de Rogiano la Corte santafesina siguió el mismo camino al entender que la interposición del recurso está fuera de término y a la inexistencia de arbitrariedad o incongruencia. La decisión de la Corte fue adoptada el pasado 15 de febrero, pero se conoció este lunes una vez cumplidas las notificaciones a las partes. El Alto Tribunal también rechazó un planteo similar de María del Carmen Leonardi, condenada en segunda instancia a cumplir cuatro años de prisión como partícipe principal del delito de cohecho agravado.
Suspensión
El Jury de Enjuiciamiento provincial dispuso la suspensión de los camaristas Sandra Piguillem de Lombardi y Francisco Saá Zarandón por supuesto mal desempeño en sus funciones. Ambos integran la III circunscripción Judicial de San Luis y cobrarán el 50 por ciento de sus haberes mientras duren los procesos. La decisión del cuerpo, integrado por nueve miembros, se adoptó por 5 votos a favor y 4 en contra, según informó el presidente del Jury y titular del Superior TribunaL de Justicia provincial, Florencio Rubio. El magistrado recordó -además- que en su provincia “hay 34 pedidos de Jury contra jueces” y subrayó la necesidad de decidir rápidamente “si los acusados son culpables” porque “no pueden vivir bajo permanente sospecha administrando Justicia”.
Muerte dudosa
Milan Babic, condenado en junio de 2004 a 13 años de prisión por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, apareció muerto en su celda. El difunto fue presidente de la autodenominada República de Krajina, la que deportó y asesinó a croatas musulmanes no serbios, e intentó ser reconocido como Estado independiente. Babic había testificado en contra de Slodoban Milosevic en diciembre de 2002 por los crímenes perpetrados en Kosovo, la guerra de Croacia y el genocidio de Bosnia. Milan Babic, de 48 años, es el segundo serbio encontrado muerto en el Centro de detención de la ONU en La Haya. En 1998, se había ahorcado con una corbata el serbio Slavko Dokmanovic. El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia prometió realizar las investigaciones de rigor para esclarecer completamente las causas de muerte del detenido.