El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky se hizo cargo provisoriamente del juzgado que este jueves dejó su colega de fuero, Carlos Liporace, al ser suspendido por 180 días en su cargo y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura acusado de mal desempeño de sus funciones. Aguinsky, titular del Juzgado Penal Económico Nº 6, permanecerá al frente del juzgado penal Económico Nº 4 de Liporace hasta que la cámara designe en su lugar a un secretario del fuero. Liporace fue suspendido y enviado a juicio político al imputársele supuestas irregularidades en la instrucción de tres causas, una de ellas el tráfico de drogas a España a través de la empresa aérea Southern Winds. Si el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados encuentra culpable y destituye a Liporace, el Consejo de la Magistratura abrirá un concurso público para nombrar a un nuevo juez para ese juzgado. Pero si el suspendido juez no es destituido, automáticamente retomará su cargo.
División de poderes
El Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires reclamó al Ejecutivo provincial respeto por la división de poderes y criticó las últimas declaraciones públicas del subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, al remarcar su “vocación mediática”. Ello –dijeron los jueces- pone en evidencia "la falta de límites con la que llegan a manejarse quienes hacen de la gestión de una política pública un esperpento y confunden la división de poderes con subordinaciones impropias de regímenes democráticos". La entidad le pidió también a los funcionarios del gobierno de Solá “que se aboquen a las tareas que les son propias, sin pretender forzar los marcos legales ni subordinar a la Justicia”. Esta semana, el ministro de Gobierno provincial, Florencio Randazzo, y el mismo Montoya criticaron el fallo de la juez del fuero contencioso administrativo de La Plata, Ana Logar, quien ordenó la restitución a su dueño de una camioneta 4 x 4 que había sido secuestrada por una importante deuda con el fisco.
Impugnación
Tal como lo había anticipado, la juez de Misiones, Marta Catella, presentó el martes un recurso de queja contra su destitución ante el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, cuerpo que integró hasta el 5 de febrero pasado cuando la Legislatura la expulsó por incumplimiento de deberes y prevaricato en una causa vinculada a la política misionera. El abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, Diego Morales, dijo en declaraciones al diario de Misiones Vox Populi que “hay pruebas muy concretas de violación del debido proceso y también de arbitrariedad de la sentencia. La sentencia no está motivada y se funda en hechos que no fueron probados". Al igual que Catella el día que fue destituía, Morales reafirmó que de no prosperar la queja recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa que dio inicio al juicio político fue el proceso de destitución y posterior restitución del intendente de la localidad de San Vicente, Luis Benítez, quien presentó un recurso en el Superior Tribunal. Catella había votado a favor de la destitución, pero ante una nueva presentación volvió sobre sus pasos y dio curso al planteo extraordinario, revirtiendo su postura anterior. Durante el juicio político y luego de su destitución Catella fue respalda por asociaciones de la justicia y la sociedad civil quienes criticaron la intromisión política en un poder del estado.
Condena
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 condenó a la pena de tres años de prisión a un anciano de 80 años quien había matado a su hija de 40 años tras una acalorada discusión. Según se tuvo por cierto en la causa, la víctima, que sabía artes marciales, comenzó a romper muebles de la casa y amenazó con romper muebles de gran aprecio afectivo para el anciano. Tras retorcerle un brazo e intentar golpearlo a patadas y puños a su padre, este extrajo una Colt 32 y efectuó un disparo que le produjo la muerte a su hijo. Luego del suceso, el anciano llamó a la policía para contar lo sucedido. El tribunal entendió que se trató de un exceso en la legítima defensa, condenándolo a la pena de prisión de 3 años, por lo que salió en libertad condicional, ya que pasó 2 años en prisión preventiva. Consideró la Cámara, que darle más de tres años de condena equivaldría a darle una prisión perpetua.
Vacantes
En el día de la fecha, a través del decreto 259/2006 y 258/2006, el Poder Ejecutivo Nacional aceptó la renuncia de Ana Beatriz Aparicio, Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 de La Plata; y Rodolfo Ernesto Capón Filas, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI. Ambos dejarán sus cargos vacantes el 1º de abril del corriente. También, se le aceptó la renuncia a fin de acogerse al régimen de jubilación a Cecilia María Victoria Rejo, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal –quien se desempeñaba como Juez Subrogante de la Sala “K” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal- mediante el decreto 245/2006.
Novedad
Recibimos la obra de Roberto J. Porcel publicada por la editorial Legis. Manual de falsificación marcaria. Procedimiento penal. Su especialidad es una obra que desarrolla con extensa profundidad la problemática de la falsificación de marcas. A su vez es un invalorable aporte para quienes son titulares de registros de marcas, y pueden sufrir diversas maniobras delictivas que pueden causarle un perjuicio económico irreparable. El autor considera que el delito de falsificación de marcas tiene la particularidad de que pese a representar un grave riesgo económico para el comercio en general y para el desarrollo de la sociedad toda, encuentra gran resistencia a ser tomado como tal. Por todo lo expuesto este trabajo resulta imprescindible para quienes deseen profundizar sus conocimientos en un área tan compleja como la del delito de falsificación de marcas.