Asimismo explicó que "el juzgado de ejecución va a ser órgano de alzada para la apelación de todas las sanciones administrativas que impone el Servicio Penitenciario hacia los penados, es decir celdas de aislamiento o imposibilidad de recibir visitas entre otras y que "también se van a resolver cuestiones relativas a salidas anticipadas o salidas laborales y extraordinariamente la libertad condicional".
En ese sentido aclaró que "el fiscal en estas cuestiones va a emitir dictamen no vinculante pero con una activa participación y vamos a tener un contralor de las condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad de las dependencias penitenciarias".
"Creo que mi actividad se va a centrar en causas en trámite en el departamento La Plata y vamos a actuar con los condenados y detenidos en los tribunales platenses, pero como no han sido designados el resto de los jueces y fiscales de ejecución que sólo existen en esta ciudad y en Azul, me imagino que al principio podría haber alguna competencia regional", sostuvo Romero.
El representante del Ministerio Público, quien también es fiscal de juicio sostuvo que "lamentablemente la política criminal se reduce a las normas o leyes sobre excarcelación y no creo que la política criminal deba reducirse a eso".
"Por otra parte no hay suficientes cárceles y hay problemas de superpoblación en comisarías donde tenemos problemas todas las semanas", añadió, para luego afirmar que "más allá de esta política de mano dura, la cantidad de delitos no merma".
Por último, anticipó que "vamos a recorrer todas las unidades carcelarias e informaremos periódicamente al fiscal General sobre las condiciones de los detenidos y las edilicias de las unidades penitenciarias"