Ante que se aprobará su acusación, García, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, había presentado su renuncia al cargo. Ahora el presidente Néstor Kirchner debe decidir si se la acepta. Para eso, la Comisión de Acusación ya contestó los pedidos de informes del gobierno sobre el estado de las causas que se tramitan en el Consejo contra la juez.
García está acusada de transferir propiedades de tres detenidos desaparecidos a manos del ex dictador Emilio Massera y otros represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar. García abría efectuado esa maniobra como síndico en una empresa financiera. Las tierras transferidas pertenecían a Victorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez, secuestrados en la ESMA, y estaban en la localidad mendocina de Chacras de Coria.
Por este hecho, García podría ser llamada a declarar por el juez federal Sergio Torres. Pero para eso el presidente Kirchner debería aceptarle la renuncia o el Jurado de Enjuiciamiento destituirla, previa confirmación de la acusación en el plenario del Consejo, porque así perdería los fueros que tiene por ser juez.
Por su parte, el titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán Felipe Terán está acusado por el diferimiento de pagos y pesificación de títulos de deuda pública que ordenó pagar durante la crisis financiera del 2002 a través de la concesión de medidas cautelares y que permitieron el enriquecimiento sin causa de los amparistas.
Los dos dictámenes acusatorios fueron aprobados por unanimidad por los consejeros Marcela Rodríguez, Luis Pereira Duarte, Carlos Kunkel y Federico Storani. Ahora, el plenario del cuerpo deberá ratificar ambas acusaciones. Si eso ocurre, García y Terán quedarán suspendidos en sus cargos por 180 días, plazo en el que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá llevar a cabo el juicio político.