Según informó la oficina de prensa del STJ entrerriano “en algunos despachos de magistrados judiciales provinciales que se acogieron al beneficio jubilatorio, se encontraron expedientes atrasados en el dictado de sentencias. Y en rigor, la situación no es una novedad, para el Poder Judicial de Entre Ríos”.
Como la morosidad parecía ser moneda corriente, los ministros del STJ le recordaron días atrás a los jueces próximos a jubilarse una disposición del año pasado: que están obligados de comunicarles el inicio del tramite previsional y que el máximo tribunal puede “disponer inspecciones del organismo pertinente y, en la oportunidad de efectivizarse el retiro del juez o funcionario, dar a publicidad el estado de su despacho y las carátulas de los juicios con plazo vencido para dictar sentencia o emitir dictamen, sin perjuicio de gestionar otras medidas normativas a los poderes Legislativo y Ejecutivo”.
La medida abarca a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerios Público Fiscal a quienes el STJ les recomendó que, en las medidas de sus posibilidades, ejerzan “una actividad constante” sobre sus tribunales.
La idea de ejercer un control sobre los juzgados cuando el magistrado se jubile surgió de un juez de Concordia. En junio del año pasado le solicitó al STJ que se dicte “una normativa que contemple que ante la jubilación de un magistrado se condicione su cese, a la culminación de las tareas pendientes o, en caso concreto, hasta que presente su despacho sin atraso”. El máximo tribunal, según su oficina de prensa, le comunicó a ambos poderes el pedido para que se genere una normativa en ese sentido.