El suspendido juez en lo Penal Económico Carlos Liporace presentó su renuncia mientras esperaba el comienzo del juicio político en su contra por mal desempeño en sus funciones. Voceros del Consejo informaron sobre la renuncia y agregaron que el Poder Ejecutivo pidió informes sobre si Liporace tiene causas abiertas en el cuerpo judicial y en qué estado procesal se encuentran. El 9 de marzo pasado el plenario del Consejo suspendió en su cargo y envió a juicio político a Liporace por supuestas irregularidades cometidas en la instrucción de tres causas. Dos de ellas son la investigación por tráfico de drogas a España por la empresa aérea Southern Winds y el reintegro de 8,5 millones de pesos por impuestos a la Curtiembre Yoma. Diariojudicial.com se comunicó con Liporace quien se excusó de confirmar su renuncia.
Competencia
A raíz de un pedido hecho por el juez porteño Roberto Gallardo, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver en los próximos días qué juez se quedará con el expediente judicial por el funcionamiento de los dos barcos-casino que operan en la zona del puerto de Buenos Aires. Los jueces que pelean por la competencia del caso son Roberto Gallardo, del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y Sergio Fernández, del fuero Contencioso Administrativo Federal. La decisión que tome el máximo tribunal no es menor para la continuidad de los barcos ya que mientras Gallardo rechazó su funcionamiento e incluso los clausuró en más de una oportunidad, Fernández sostiene la tesis contraria y dispuso el levantamiento de esas clausuras.
Memoria
Oscar Amirante, Fiscal Federal que entiende en la causa contra el ex represor Cristino Nicolaides y otros nueve ex agentes del ejército por la desaparición de 20 militantes montoneros en 1980, solicitó al juez que condene a 25 años de prisión al principal acusado. La causa tramita bajo el Código Obarrio, dado que se inició en 1983, y lleva 23 años de trámite. El magistrado ordenará la apertura de la causa a prueba, mediante el sistema escrito, dictando al precluir esta etapa la sentencia. Entre los acusados se encuentran Jorge Luis Arias Duval, Juan Carlos Gualco, Carlos Gustavo Fontana, Pascual Oscar Guerrieri, Santiago Manuel Hoya, Waldo Carmen Roldan, Julio Cesar Bellene, Antonio Herminio Simón y Julio Héctor Simón. También había sido procesado en su momento el ex dictador Leopoldo Galtieri, extinguiéndose la acción penal respecto a él tras su muerte. Los implicados se encuentran actualmente cumpliendo algún tipo de limitación de su libertad ambulatoria, algunos en domicilios particulares, otros en establecimientos del ejército y alguno en dependencias carcelarias.
A declarar
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura citó para el próximo 9 de mayo al juez federal Norberto Oyarbide para que declare en el marco de una denuncia por calumnias e injurias. Oyarbide, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, había sido denunciado por el abogado Luis Darritchon por calumnias e injurias. Esa denuncia se produjo por otra presentada por el juez contra Darritchon por extorsión cuando supuestamente le pidió 150.000 dólares para que Luciano Garbellano no emitierá un video privado del magistrado con connotaciones sexuales. La citación fue aprobada por los consejeros Marcela Rodríguez, Luis Pereira Duarte, Beinusz Szmukler y Carlos Kunkel.
Infiltrado
La controversia sobre la instalación de las papeleras en las costas del Río Uruguay, lejos de aclararse se oscurecen más. Enrique Viana, fiscal letrado nacional del 3º turno de Uruguay, sigue un procedimiento civil iniciado por su fiscalía a fin de responsabilizar al Estado uruguayo de haber autorizado la construcción de las papeleras sobre las márgenes del Río Uruguay. Advirtió el agente público del vecino país, que de llevarse a cabo dicho emprendimiento, no se podrá tomar más agua de la canilla. Afirmó también, que la autorización va en contra del Plebiscito del agua del 2004, y que debe realizarse un estudio serio de las consecuencias ecológicas que la actividad de las papeleras generarán. Consideró que el proyecto de Ence y Botnia es incompatible con el Derecho Ambiental de Uruguay. Por su parte, Juan Carlos Contarín, titular del juzgado que entiende en la causa, rechazó las cautelares impetradas por el fiscal.
Defensa pública
La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, habló este martes en la sede de la Defensoría ante representantes consulares de 24 naciones. Martínez desarrolló un amplio temario sobre la organización y el funcionamiento de la Defensa Pública Oficial argentina y el rol de nuestros Defensores en las distintas etapas del proceso penal. La funcionaria se refirió a los procesos de extradición y la expulsión de extranjeros en el marco de la Ley de Migraciones, poniendo especial énfasis en la situación de los no nacionales y su relación con la ley penal. Junto a la defensora general estuvieron presentes la secretaria general de Política Institucional, María Fernanda López Puleio; Eleonora Devoto, defensora ante la Cámara de Casación Penal; Gustavo Kollmann, defensor ante la Cámara Criminal y Correccional Federal; Julián Langevin, defensor ante los tribunales orales en lo Criminal; y Silvia Martínez, defensora de instrucción en la justicia ordinaria.