El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires salió a respaldar la iniciativa de establecer mecanismos de control de gestión en la administración de justicia con el fin de supervisar la actuación de los magistrados y demás funcionarios del Poder Judicial, promover el mejoramiento de su gestión y sancionar los casos de graves y reiteradas irregularidades.
El proyecto de ley es el fruto de varias discusiones que se generaron en torno a ese tema en el marco de la Mesa del Diálogo, convocada por el Ejecutivo Bonaerense para buscar alternativas a la problemática judicial. La misma contó con la participación de todos los sectores relacionados con la administración de justicia.
El control de gestión apunta a incorporar un sistema que “supervise la actuación de los magistrados y demás funcionarios del Poder Judicial, promueva el mejoramiento de su gestión y sancione los casos de graves y reiteradas irregularidades”. No obstante, los abogados aclararon que ello no implica la mera sanción. Por el contrario,
“permitirá reconocer el buen trabajo que llevan adelante algunos sectores”, aclaró el organismo que nuclea a los letrados en la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, los abogados aseguraron que el proyecto responde a la necesidad de mayor eficiencia en la administración de justicia, objetivo “reclamado por la sociedad que acude a la Justicia”.
La evaluación de gestión comprendería, según el proyecto oficial, a jueces -de primera y segunda instancia, de Tribunales Colegiados de Instancia Única, Tribunal de Casación Penal y de Paz-, fiscales (Agentes Fiscales, Fiscales de Cámara, Fiscal del Tribunal de Casación y sus Adjuntos), Defensores Oficiales, y a los demás funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia que la reglamentación establezca.
El sistema funcionaría a través del establecimiento de
indicadores de gestión y sus estándares, la medición del desempeño de acuerdo a esos estándares, la incentivación al mejoramiento de la gestión y la sanción de las irregularidades.
Según está previsto, la
Suprema Corte de Justicia bonaerense y la
Procuración General de la provincia de Buenos Aires tendrán a su cargo la nueva herramienta de control. “Estos órganos son los que poseen los instrumentos y la información imprescindible, cada uno en su propio ámbito, para determinar los estándares con un criterio realista y práctico”, explica la iniciativa.
Sin embargo, la evaluación será llevada a cabo en base a informes elaborados por
Comisiones Departamentales, conformadas de modo igualitario por representantes de los jueces, de los abogados y del gremio de empleados judiciales.
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