El pedido fue efectuado por la AABA luego de responder el informe que el Poder Ejecutivo presentó el 18 de abril. Rodríguez Vidal le había solicitado al gobierno que justifique la reforma al Consejo. Todo esto en el marco del amparo presentado por la AABA el 9 de marzo contra la Ley 26.080.
“Al contestarlo, nos impugnaron la legitimación para actuar, que la AABA carece de interés, que pretende extralimitarse indicándole al Poder Ejecutivo y Legislativo cómo se debe legislar”, le dijo a Diariojudicial.com el presidente de la AABA, Horacio Acevedo, sobre la respuesta del Poder Ejecutivo.
Según el artículo 11 de la Ley 16.986 de acción de amparo “el juez dictará sentencia dentro del tercer día” una vez que se responda los “antecedentes y fundamentos de la medida impugnada”, como establece el artículo octavo de la misma ley. Pero los tres días se pueden extender. “Si existiera prueba pendiente de producción por causas ajenas a la diligencia de las partes, el juez podrá ampliar dicho término por igual plazo”, dice en su última parte el artículo 11.
La Ley 26.080 reduce de 20 a 13 los miembros del Consejo de la Magistratura, de los cuales cinco pertenecerán al gobierno (dos senadores, dos diputados y el representante del Poder Ejecutivo). El resto del cuerpo estará integrado por: un diputado y un senador de la primera minoría, dos abogados, tres jueces y un académico.
La reforma fue resistida por todas las asociaciones de abogados y la oposición política ya que consideran que el Poder Ejecutivo tendrá la mayoría necesaria para designar o acusar a jueces ya que para eso se necesita las 2/3 partes de los votos. También consideran que la norma viola el artículo 114 de la Constitución Nacional que fija integrar el Consejo de modo que se procure “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”.
En su respuesta al informe presentado por el Poder Ejecutivo, la AABA señaló que la reforma al Consejo los afecta tanto como electores como candidatos ya que la representación de los abogados se reduce a dos de los cuatros miembros actuales. La AABA agregó que su intención es que se controle la constitucionalidad de la reforma y advirtieron que con la nueva ley no existe equilibrio ya que habría 7 políticos contra 6 representantes de los otros estamentos.