El próximo 5 de junio, el ex presidente Fernando de la Rúa deberá declarar por primera vez en la causa que investiga el presunto pago de coimas en el Senado durante su mandato para aprobar la ley de Reforma Laboral, según lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas. El magistrado intenta determinar si el ex mandatario ordenó que varios legisladores de la oposición cobraran alrededor de cinco millones de pesos para aprobar la norma. Fuentes allegadas al ex mandatario le dijeron a este medio que De la Rúa “no va a pedir prórroga” y que se va a presentar en la fecha en que fue citado. El ex presidente se encuentra actualmente en España, donde permanecerá hasta fin de mes. Desde allí, dijo que no va a hacer declaraciones periodísticas aunque anunció que dirá su “verdad” en su libro “Operación Senado”, que será publicado en aproximadamente treinta días. La causa ya tiene otros nueve procesados: el ex jefe de Inteligencia Fernando de Santibañes; el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; el ex senador radical José Genoud; sus colegas justicialistas Emilio Cantarero, Remo Costanzo, Alberto Tell, Ricardo Branca y Augusto Alasino; y Mario Pontaquarto.
Sin impunidad
El juez federal de La Plata Arnaldo Hugo Corazza, procesó con prisión preventiva al ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz por considerarlo “prima facie” partícipe necesario del delito de aplicación de tormentos previsto en el artículo 144 tercero del Código Penal. Además, el magistrado a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata ordenó el embargo de los bienes de Etchecolatz hasta cubrir la suma de cien mil pesos.
Amparo
El titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Guillermo E. Rossi hizo lugar parcialmente al amparo promovido por le Defensor del Pueblo de la Nación contra la concesionaria UGOFE S.A., que tiene a su cargo la explotación de la ex Línea San Martín. El magistrado destacó que la calidad de la prestación no es la óptima que puede exigirse, y que se incumple con la normativa vigente y con el Acuerdo de Gerenciamiento firmado entre el Estado Nacional y la demandada. La resolución ordenó que dentro del plazo de cinco días se pongan en ejecución las normas de seguridad que regulan el transporte ferroviario y que dentro del plazo de diez días se ejecuten los servicios alternativos a los que está obligada la empresa.
Recambio
Marcela Trillini y Natalia de Rosa asumirán el próximo 23 de mayo como juez del juzgado de familia y sucesiones N° 9 de San Carlos de Bariloche y secretaria del mismo tribunal, respectivamente. Ambas magistradas fueron elegidas el 10 de marzo por el Consejo de la Magistratura de la tercera Circunscripción Judicial y les tomará juramento el presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, Luis Lutz.