El presupuesto del Consejo de la Magistratura porteño, órgano que rige la administración de la Justicia porteña, estará en manos de una sola persona. Sin embargo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires busca por estos días sancionar una norma que reforme a la Ley 1904 y recorte las funciones del administrador General de la Ciudad.
El proyecto nuevo, que cuenta con dictamen de las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, se sancionó este jueves “en general” por el
voto unánime de los 41 legisladores presentes. Sin embargo, los bloques del macrista Compromiso para el Cambio y del ARI se retiraron del recinto durante el tratamiento “en particular”, por diferencias sobre el monto máximo para contratar (la nueva ley fija un máximo de 300 mil pesos), y dejaron sin “quórum” a la sesión. Así, según fuentes de la Legislatura se logró aprobar únicamente los tres primeros artículos.
Entre las modificaciones que se intentan aprobar figura el modo de designación y de remoción del administrador. No obstante, una vez que se apruebe la ley, habrá que designar a la persona que ocupará ese cargo. Por el momento, según confirmaron fuentes legislativas y del Consejo a este medio,
el máximo candidato es Lucio Ponsa Gandulfo, quien fuera dos veces legislador de la Ciudad.
La Oficina de Administración y Financiera tendrá potestad para elaborar y ejecutar el presupuesto del área, así como realizar contrataciones y compras de muebles e inmuebles.
La figura del administrador fue creada tras comprobarse serias irregularidades económicas y financieras en gestiones anteriores del Consejo de la Magistratura local. En la gestión de Octavio Gauna, sin ir mas lejos, se comprobaron millonarios sobreprecios en la adquisición de varios inmuebles donde iban a funcionar varios juzgados. Esos hechos derivaron en una causa cuyo trámite judicial está prácticamente paralizado.
Todavía resta definir
la letra chica de la nueva ley. Según la norma aprobada a fines del año pasado, la Oficina de Administración y Financiera se encargará, entre otras cosas, de elaborar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(excluido el correspondiente al Tribunal Superior y al Ministerio Público) y elevarlo a la consideración del plenario del Consejo de la Magistratura; ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial; proponer lo referente a la adquisición, construcción y venta de bienes inmuebles y disponer lo necesario respecto de bienes muebles; y coordinar con los diversos tribunales los requerimientos de insumos y necesidades de todo tipo aplicando normas de procedimiento que aseguren la libre e igualitaria concurrencia de los oferentes.
A su vez, el administrador general del Poder Judicial de la Ciudad tiene, hasta el momento, las siguientes obligaciones: prestar asistencia directa al presidente del Plenario del Consejo de la Magistratura, a la Comisión de Administración, y a las demás que se lo requieran; concurrir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del plenario; e informarlo sobre el ejercicio de las funciones asignadas, previo conocimiento de la Comisión de Administración y Financiera.
El administrador general “deberá contar con un perfil técnico acorde con las tareas a realizar y preferentemente ser profesional en el área de ciencias económicas o con reconocida experiencia en la materia” y podrá ser removido a pedido de cualquiera de los Consejeros bajo votación de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo. Sin embargo,
no se elegirá por concurso de antecedentes.
dju / dju
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