En una carrera a contra reloj los bloques mayoritarios de la Legislatura porteña negocian por estas horas el reparto de cargos en el Ministerio Público. Antes que finalice esta semana (el viernes 16 se vence el mandato de los actuales funcionarios), deberán acordar quién pondrá el nombre del futuro fiscal general, del defensor general y del asesor tutelar de menores.
Hasta el momento, según fuentes legislativas, el macrismo postularía a
Germán Garavano (actual consejero porteño y juez del fuero Contravencional) como defensor general. El actual presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Julio De Giovanni sería el hombre del kirchnerismo para ocupar el cargo de fiscal general. Y la ex diputada
Laura Mussa sería la elegida del ARI para el cargo de asesor tutelar de menores. Sin embargo, todos los operadores políticos advierten que puede haber
una sorpresa de último momento y ponen en duda la candidatura de Mussa.
El proceso que arranca este mismo viernes
podría demorar al menos dos meses, advierten en la Subsecretaría de Justicia. De esta manera, los tres cargos estarán vacantes indefectiblemente durante ese período. Las ausencias deberían ser cubiertas por los respectivos funcionarios adjuntos.
Según el Decreto 1.620, de septiembre de 2003, dentro de los 60 días desde que hubiere quedado vacante el cargo de fiscal general, defensor general y asesor general tutelar, el Poder Ejecutivo debe
publicar durante 2 días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en por lo menos 2 diarios de gran circulación de la Ciudad, el nombre y los antecedentes curriculares de los candidatos.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo debe difundir en la
página de internet del Gobierno de la Ciudad (los antecedentes curriculares y la declaración jurada de bienes de los tres nombres propuestos y abrir, de esa manera, el período de impugnaciones.
Dentro de los 15 días de la última publicación en el Boletín Oficial, las personas físicas o jurídicas con domicilio en la Ciudad podrán presentar por escrito ante la Subsecretaría de Justicia
observaciones relativas a los antecedentes de los candidatos. Concluido ese plazo, la autoridad de aplicación realizará un informe que será elevado al jefe de Gobierno, quien decidirá la conveniencia o no de la remisión de las propuestas.
dju / dju
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