Un grupo de prestigiosas organizaciones no gubernamentales vinculadas con la Justicia le manifestaron a la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, su preocupación por una
supuesta persecución contra fiscales bonaerenses que estaban investigando presuntos casos de corrupción de funcionarios.
El foro de organizaciones de la sociedad civil, integrado por INECIP, Poder Ciudadano, CELS, Unión de Usuarios y Consumidores, Asociación por los derechos civiles y FARN, manifestó su preocupación por la
falta de respuesta de Falbo a una nota en la que pedían información sobre la situación de varios fiscales de la provincia.
Según esa nota, se estarían produciendo “sumarios disciplinarios contra integrantes del Ministerio Público de San Martín que se encontraban investigando casos relacionados con hechos de corrupción”. “Tenemos conocimiento de que varios fiscales que se encuentran a cargo de causas de corrupción han tenido que afrontar sumarios internos que podrían condicionar su trabajo”, dijeron.
Los denunciantes mencionaron los casos del
fiscal general adjunto de ese distrito, Fernando Domínguez, sancionado en razón de que sus expresiones colisionaron “con la mesura y circunspección en el uso del lenguaje que deben guardar los magistrados”, y del
fiscal Edgardo Ledesma, sobre el que pesa, incluso, un pedido de juicio político.
Allegados a Falbo le dijeron a este medio que aún
no hubo una respuesta formal de parte de la Procuradora pero confirmaron la carta de la ONG. “Hay que manejarse con prudencia”, explicaron.
En tanto, Alan Iud, coordinador general de INECIP, explicó que “Ledesma se encontraba investigando la causa del intendente del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, quien había sido acusado, entre otras cosas, de asociación ilícita y negocios incompatibles con la función pública”.
“Cariglino acusó a quienes los habían denunciado, adjudicándose esa causa al fiscal de Quilmes Luis Armella (actual juez federal), quien pidió la detención de los denunciantes -que le fue concedida por el juez Quintana- y simultáneamente impulsó un juicio político de Ledesma. A su vez, Fernando Domínguez fue sancionado por oponerse a las arbitrariedades de la causa contra los denunciantes”, recordó Iud.
Las ONG le pidieron a Falbo
que explicite "los criterios legales y funcionales utilizados para dar inicio a los sumarios disciplinarios en trámite y para imponer sanciones”. Además, le reclamaron "una mejor evaluación de estos casos para promover un trabajo eficaz del Ministerio Público fiscal bonaerense en la persecución de los delitos de corrupción y criminalidad económica".
Las entidades hicieron hincapié en la necesidad de "pautas de transparencia adecuadas, plazos precisos de cada una de las instancias para evitar cualquier sospecha de uso indebido de estos mecanismos y la definición de responsabilidades para los funcionarios encargados de llevar adelante estas investigaciones".
dju / dju
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