La protesta se realizó bajo el control de la Policía Federal que rodeó a los manifestantes, los que cortaron un tramo de la Av. Corrientes, y utilizaron sus bombos para hacer oír su queja.
Aún con la presencia policial, el Colegio Público decidió cerrar sus puertas y ningún abogado realizar las tareas normales que se desarrollan en la institución –pago de la matrícula, compra de bonos, etc.-
Diariojudicial.com estuvo presente en la manifestación y pudo dialogar con el Secretario Gremial de la Seccional Buenos Aires de la UTEDYC, Miguel Ruhl.
Aseguró el sindicalista que la protesta tiene por finalidad terminar con la persecución al cuerpo de delegados de la UTEDYC –la cual agrupa a los trabajadores que se desempeñan dentro del Colegio Público-, ya que habrían sido presionados.
Esta persecución se habría materializado con el despido de la esposa de uno de los delegados –quién sería la contadora del Colegio-. Según consideró el sindicato, este despido fue realizado con un fin intimidatorio a los representantes del gremio.
Agregó que el presidente del CACPF, Jorge Rizzo, no había querido cumplir con el Convenio Colectivo de la UTEDYC, suscripto por la dirigencia anterior del Colegio.
Miguel Ruhl contò tambièn, que la actual dirigencia del Colegio habría amenazado a los trabajadores, ya que si no renunciaban al sindicato serían despedidos. Inclusive, según el secretario del gremio, existiría una lista con el nombre de quince personas que serían despedidas en los próximos días. Al preguntar nuestro cronista sobre sobre la toma del Colegio Público del treinta de agosto, contó el sindicalista que realmente no fue una “toma”, sino que simplemente protestaron e ingresaron dentro del colegio, pero no hicieron destrozo alguno, sino que fue una medida pacífica.
Según comentó también el subsecretario del gremio a nivel nacional, Gustavo Padin: ”En una reunión que nosotros establecimos con ellos la semana pasada, [Rizzo] se autodenominó dueño del Colegio Público de Abogados”.
Uno de los acompañantes del subsecretario agregó que ”nos ofreció que le pongamos un valor a la valija para desistir de este “quilombo”. Quiso económicamente sobornarnos. Él dijo que estaba sentado arriba de una parva de dinero, y que hacía lo que él quería.”.
Este último comentario fue ratificado por el subsecretario del gremio quien detalló que Rizzo dijo que estaba “sentado en una montaña de dinero y como era el presidente hacía lo que quería”. Indicaron también que había varias personas en esa reunión, inclusive la vicepresidente del Colegio Público.
Respecto de la protesta, el acompañante del subsecretario dijo que el Colegio Público no quiere reconocer el Convenio Colectivo de la actividad. Padín explicó que el instrumento que defienden otorga a los trabajadores del CPACF mayor sueldo y mejores normas protectorias.
”Que se termine la persecución que hay con amenazas”, continuó el subsecretario, ”...a uno de los delegados le dijo que mientras vos no renunciés como delegado voy a ir echando una persona por día...”, ”...nos tiene de rehenes a los trabajadores”.
Padín aseguró a nuestro medio que el mismo Rizzo le dijo a los trabajadores que si no renunciaban al gremio serían despedidos.
Diariojudicial.com fue el único medio que entró por la puerta del Colegio Público el día de hoy, que estaba firmemente custodiada por cinco uniformados y una persona de traje. Frente a ellos se encontraba una fila de agentes de infantería con sus respectivos escudos.
Nuestro diario, al entrar, se encontró con Jorge Rizzo, algunos abogados y personas que dijeron ser personal del Colegio, los cuales afirmaron no estar representados por la UTEDYC.
Rizzo fue increpado por un miembro de la asamblea de la lista de Salazar, que le dijo que no quería que esté la policía en frente del Colegio Público. Rizzo contestó ”Lamentablemente yo no los traje, los empleados tampoco.”
El asambleísta retrucó que la guardia de infantería es elemento de represión de la dictadura, y por eso quería que se fueran. Rizzo respondió ”Perdón, ¿que nos maten a todos quiere?”.
Una mujer que se identificó como empleada del Colegio dijo: ”Esta es mi casa, y de mi casa no me echan, esto no es represión, represión es otra cosa...”, e indicó además que los que están afuera no son los trabajadores del Colegio. Rizzo le dijo a Diario Judicial.com que los trabajadores están con él, y no protestando afuera del Colegio. Cuando le preguntamos a uno de los que se encontraban en el hall cuál era el sindicato de los trabajadores del colegio, contestó que ”no existe, no hay”.
”La gente no quiere esto, no quiere más esto. La gente podría estar afuera manifestando, tiene toda la libertad para hacerlo. ¿Por qué están adentro?”, haciendo de esta manera referencia a la supuesta ajenidad de los trabajadores del colegio con la protesta sindical.
Rizzo afirmó también que realizó una denuncia ante un fiscal contra los sindicalistas que intentaron tomar el colegio.
Una empleada dijo que fue golpeada por la espalda mientras entraba al colegio en medio de la protesta. Una abogada mostró un tapado de piel manchado con aerosol verde, del mismo tipo que fueron utilizados para escribir graffitis en contra de Rizzo en la puerta del Colegio.
La empleada afirmó que los trabajadores del Colegio Público tienen todo el derecho a afiliarse al sindicato que quieran -Rizzo asintió-, y continuó diciendo que esta actitud de ese sindicato es una extorsión.
Según explicó Rizzo, "UTEDYC tiene sólo el 20% de la representación del personal del Colegio Público de Abogados".
Con respecto a quienes podrían estar "armando esto", Rizzo acusó: ”acá está Germano y su banda de ladrones, atrás”. Afirmó el presidente del Colegio que no es casual la protesta, ya que antes de tomar el Colegio se toman medidas sindicales mucho más leves, como los brazos caídos, por ejemplo, y no directamente entrar a “romper todo”.
Más tarde, cuando se le preguntó específicamente si le echaba la culpa de la protesta a Germano y a Bossert, el titular del Colegio dijo que "no acusa ni señala a nadie, y que sólo relata hechos", contradiciéndose con los dicho anteriormente a nuestro periodista.
El presidente del CPACF desmintió también que se haya despedido gente, y que la única cesanteada fue la contadora por borrar “información confidencial”.