04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Que se tomen medidas

En un acuerdo aprobado por unanimidad, la Suprema Corte bonaerense solicitó que desde el Ejecutivo local se efectivice la tutela de los menores internados, que está obligado a brindar el Consejo Provincial del Menor.

 
La Suprema Corte de Justicia bonaerense requirióal gobierno provincial que “arbitre las medidasconducentes para prevenir los hechos de violenciainstitucional que, a consecuencia de acciones uomisiones, violan normas internacionalmentereconocidas relativas a derechos humanos en detrimentode los menores bajo patronato estatal”.

En un acuerdo aprobado ayer por unanimidad, elmáximo Tribunal solicitó que desde el Ejecutivo se“efectivicen la tutela de los internados que, conarreglo a la legislación de fondo, está obligado abrindar el Consejo Provincial del Menor en elejercicio de las potestades concurrentes delPatronato, respetando los derechos y la seguridad deaquellos fomentando su bienestar físico y mental(Reglas de las Naciones Unidas para la protección demenores privados de libertad)”.

La Corte recordó que desde el 20 de septiembre de2000 está habilitado en la Subsecretaría del Patronatode menores un registro de denuncias de apremios ymalos tratos físicos o psíquicos en perjuicio demenores tutelados, señalándose que “a un año de suinstrumentación se registra en su banco de datos unacifra que supera el millar de denuncias –todas ellasradicadas por ante el fuero penal”.

En el acuerdo, que lleva el número 3012, seafirma que “con anterioridad y en consonancia con lapreocupación puesta de manifiesto en reiteradasoportunidades por este tribunal respecto de laproblemática de la minoridad se había solicitado através de su Presidencia nómina de niños y jóvenesbajo patronato estatal muertos en presuntosenfrentamientos policiales durante los años 1999 y2000, verificándose de la información brindada en talsentido por los magistrados del fuero especializado almenos sesenta casos”.

“En el curso del presente año, habiéndose tomadoconocimiento de otros hechos similares , y cotejadoslos datos de las víctimas con los del Registro deDenuncias, se observó que algunas de ellas habíanexpuesto con anterioridad amenazas y /o tratos lesivosa su persona atribuyéndolos a personal de lascomisarías bajo cuya jurisdicción se produce luego elenfrentamiento”, se agregó en el acuerdo.

La preocupación ya había sido expuesta por eltitular saliente de la Corte bonaerense, el doctor Elías Laborde, en lasrecientes jornadas sobre “Servicio de Justicia, Niñez y Derechos Humanos” desarrolladas en La Plata cuandoseñaló entre otras cosas que “el tema de la minoridadconcita más perprejlidades que resultados”.

Laborde, en esa disertación, añadió que“lamentablemente este es el país de la utopía dondelas acciones se contraponen, los recursos se malgastany se diluyen” y que “la niñez se ve obligada a caminaral borde del precipicio, a incurrir en delitos, arobar, a caer en drogas y adicciones” preguntándoseluego: “¿qué hacemos con ese chico?, ¿le enseñamos loque le falta para que se perfeccione?, ¿los lanzamos ala calle y los terminamos matando?”

El acuerdo fue firmado por unanimidad por eldoctor Laborde y los ministros, doctores Juan CarlosHitters (presidente entrante), Eduardo Pettigiani,Juan Manuel Salas, Eduardo de Lázzari, Ernesto Ghione,Alberto Pisano, Héctor Negri y Guillermo San Martín,además del Procurador General, Dr. Eduardo De La Cruz.



dju / dju
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