De la reunión participaron: la procuradora general de la provincia, Liliana Piccinini, el secretario de Seguridad y Justicia, Miguel Bermejo, el jefe de policía, Jorge Ucha, los integrantes del Tribunal de Superintendencia General de Bariloche, jueces de instrucción y fiscales de primera instancia y de cámara.
En el encuentro, la Procuradora General destacó la necesidad de complementar funciones, actuar con eficiencia dentro de la legalidad y tutelar a la víctima del delito, dentro de la responsabilidad constitucional de ejercer la acción pública.
En ese marco, Piccinini señaló que "hoy la sociedad requiere y demanda seguridad y Justicia siendo menester adoptar las medidas conducentes para otorgar respuestas satisfactorias que se traduzcan en términos de eficacia más legalidad". La Procuradora General dijo que "Justicia y Policía deben trabajar coordinadamente" y agregó cómo debe darse esa relación: "Desde el Poder Judicial respetando el debido proceso legal; y desde la Policía, asumiendo el rol de auxiliares de esa función".
En la reunión también se adordaron aspectos que hacen al trabajo en conjunto entre ambas instituciones como los roles de cada área del Estado, la calificación de la investigación criminal y la disponibilidad de recursos humanos.
Piccinini también hizo referencia a la imagen de la sociedad en la relación inseguridad-Justicia. "Si se fracasó en el objetivo de evitar que el hecho ilícito se concrete, habrá que redoblar esfuerzos para que los responsables sean individualizados, acusados con prueba determinante y debidamente condenados. Puesto que cuando la sociedad relaciona la inseguridad con la falta de justicia, lo hace en términos de impunidad, que para el conjunto no es otra cosa que la falta de castigo. Lo cual es vivenciado como ausencia del Estado, que – en rigor de verdad – no ha permanecido ausente, ha actuado, pero incoordinadamente, generando insatisfacción", analizó.
Por su parte, el Presidente del S.T.J. concluyó que la seguridad hoy es una "cuestión de Estado", a la que se le debe dar respuesta con garantía de la seguridad ciudadana y jurídica.