Con la presencia de los asesores extranjeros, el equipo jurídico argentino que encabeza la embajadora Susana Ruiz Cerutti y que está preparando el memorial que presentarán el 15 de enero próximo ante la Corte Internacional de La Haya por la controversia con el Uruguay se reunió esta semana en la sede de la Cancillería argentina. A las presencias habituales, se sumaron el francés Alain Pellet, el inglés Philippe Sands y el argentino, radicado en Europa Marcelo Kohen. Los tres tuvieron luego una jornada de trabajo en Gualeguaychú.
Por la igualdad
La presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), María José Lubertino, convocó a denunciar la discriminación contra la comunidad judía. “Hemos iniciado una campaña para invitar a la participación activa de la comunidad en la lucha contra la discriminación y, ante la especial preocupación de la colectividad judía, queremos estar junto a ella. La sociedad en su conjunto debe involucrarse en la lucha contra el antisemitismo porque que exista cualquier tipo de discriminación nos afecta a todos", señaló Lubertino a través de un comunicado. El INADI convocó a denunciar y aportar datos frente a hechos o manifestaciones de antisemitismo o de otras formas de discriminación en cualquier punto del país, llamando al 4346-1774 o al 4346-1773.
Salud y condiciones de trabajo
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) presentó en el Superior Tribunal de Justicia provincial un trabajo sobre las condiciones de trabajo y salud de los empleados judiciales entrerrianos. El estudio lo realizó AJER y la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y se basó en la realización de talleres de trabajo durante septiembre y noviembre de 2005 de los cuales participaron empleados judiciales. “El eje central de la investigación fue incorporar el análisis de los propios trabajadores judiciales sobre sus condiciones de trabajo y salud”, señaló AJER en un comunicado.
Sentencia
Vladimiro Montesinos fue condenado a 20 años de prisión por un Tribunal Peruano al comprobarse que vendía armas a la FARC durante la presidencia de Fujimori. La investigación se pudo llevar adelante gracias a la cooperación judicial existente entre Perú y Colombia. La abogada del condenado afirmó a medios peruanos que podría presentar un recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria.