La Mesa Ejecutiva del Consejo Federal, integrada por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez y otros cinco titulares de ministerios públicos de la defensa del país, respaldó a Barone y manifestó “su honda preocupación por las expresiones públicas vertidas por el Sr. Gobernador, legisladores nacionales y provinciales, intendentes municipales y otros funcionarios del Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut”.
El Consejo Federal se reunió la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires y Barone hizo llegar un informe de la situación judicial en Chubut. En ese trabajo el Defensor General señaló que Das Neves dijo en medios de comunicación que serán “absolutamente críticos e inflexiblemente rigurosos con el proceder de la Justicia”, “la comodidad, la desidia, la holgazanería, la desaprensión, la soberbia reinan en oficinas públicas donde las víctimas de la inseguridad deambulan desorientadas sin ver tronar el escarmiento”.
Barone agregó que “el Gobernador inicia un proceso de agresión continua hacia el Poder Judicial, calificando a los integrantes y a la conducción de dicho Poder con distinto tipo de expresiones, entre otras: demagógicos, ladrones (`chorros`), desorientados (`regalarle una brújula a los jueces`), extorsionadores, señores de sillones calientes, que cumplen un papel vergonzoso, funcionarios ilegítimos, que quieren participar en política, la dictadura del Poder Judicial, que se quieren inmiscuir y entrometerse en el Poder Ejecutivo, hostigadores del Poder Ejecutivo”.
Das Neves acusó a la Justicia de la provincia de formar un régimen “feudal”. "En esta provincia ha habido un esquema feudal, asumimos en diciembre de 2003 y nos encontramos con un régimen corporativo", había dicho Das Neves.
El Consejo Federal se expresó a través de un comunicado y dijo que las críticas “denotan una aparente falta de conocimiento acerca de las responsabilidades asignadas al Ministerio Público de la Defensa por la Constitución Nacional (arts. 75 inc. 22 y 120); la Constitución de la Provincia del Chubut (art. 45) y por los Tratados Internacionales de Protección a los Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –art. 14.1.d- y Convención Interamericana de Derechos Humanos –art. 8.e-), obligaciones éstas que de ser incumplidas, podrían generar responsabilidad internacional para el Estado Argentino”.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut también repudió las expresiones del Gobernador. A principios de septiembre, el máximo tribunal había señalado que “es impensable que el Poder Judicial pueda intentar poner límites al desempeño legítimo del órgano encargado de la administración general de la provincia”.
El resto de los integrantes del Consejo Federal son: el defensor general de Entre Ríos Arsenio Mendoza; la defensora general adjunta de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bettina Castorino; la defensora general de Salta, Adriana Arellano; el defensor general de Tierra del Fuego, Gustavo Ariznavarreta; y la asesora general de Salta, Mirta Lapad.