La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la iniciativa del Poder Ejecutivo que permitirá en 120 días hábiles el pago de las sentencias a favor de los jubilados. Durante la vigencia de la Ley 24.463 el ANSES sólo podía pagar dichas sentencias en la medida que el presupuesto de ese año se lo permitiera. Una vez agotado, se postergaba el cobro para el año siguiente, y así sucesivamente, por lo que cada vez más los jubilados debían esperar, sin garantía alguna de cobro, que se cumpla con lo ordenado por el Poder Judicial de la Nación. Esta situación fue materia de dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aconsejando a la Argentina que destrabe la situación y cumpla con las sentencias dictadas en materia previsional. Por esa razón, el Poder Ejecutivo Nacional envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, disponiendo el pago sin límite alguno de las sentencias que los jubilados han ganado contra el ANSES. Este proyecto tuvo acogida por unanimidad, siendo enviada al Senado para su sanción definitiva. En dicha Cámara, fue modificado el plazo de 120 días corridos a 120 días hábiles, volviendo a la Cámara de origen para la aceptación de las modificaciones o el impulso del texto original. Por 91 votos contra 51 se aprobó el proyecto con las modificaciones introducidas por el Senado. Diputados del ARI criticaron la modificación y votaron en contra del proyecto afirmando que se debía seguir el proyecto del Presidente Kirchner y no el de su mujer (aludiendo a que dichas modificaciones se dispusieron en la misma cámara en la que ella participa activamente). En cambio el bloque oficialista retrucó esta argumentación afirmando que dicha modificación tiene en consideración lo que el Poder Ejecutivo puede y no puede hacer ya que, de hecho, si el proyecto original hubiera estipulado 120 días hábiles se hubiese votado de igual manera. El proyecto sancionado fue remitido al Poder Ejecutivo para su final promulgación y publicación.
Respaldo
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne, se reunió con las autoridades de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional. Del encuentro participaron el presidente de la entidad, Miguel Angel Caminos, su vice, Luis María Cabral, que esta semana ganó las elecciones y fue elegido por sus pares para integrar el nuevo Consejo de la Magistratura, y la secretaria de Justicia, Marcela Losardo. Todos coincidieron en señalar “que más allá de cualquier actitud o amenaza el servicio de justicia continúa desempeñándose con total plenitud”. Iribarne remarcó la preocupación del PE y “condenó las amenazas recibidas por jueces, fiscales y actores de la sociedad civil comprometidos en las causas de Derechos Humanos".
Conectados
La Defensoría del Pueblo de la Nación reclamó el pronto despacho del proceso donde pide que se reglamente el fondo fiduciario del Servicio Universal (S.U.). Este último fue creado con el objetivo de que los habitantes de todo el territorio nacional puedan acceder al servicio de telecomunicaciones, especialmente los que viven en zonas de difícil acceso o con limitaciones físicas o necesidades sociales especiales. El 14 de agosto de este año, el defensor del Pueblo Eduardo Mondino inició acciones judiciales que quedaron radicadas en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5.
Un error que se llama libertad
El Poder Judicial de Santa Fe se desligó de cualquier responsabilidad en la errónea liberación de un preso que se encontraba detenido en el penal de Ezeiza procesado por el homicidio de 14 internos de la cárcel de Coronda. Cristian Daperno, de 22 años, estaba alojado en un pabellón de máxima seguridad en Ezeiza. Allí fue traslado por su seguridad, luego de ser procesado por el homicidio de 14 presos en la cárcel santafecina de Coronda el 11 de abril de 2005. Pero fue liberado por error en agosto cuando finalizó su condena por robo a cinco años y dos meses de prisión por la que estuvo detenido en Coronda sin tener en cuenta el procesamiento que pesaba sobre él. “Lo sucedido constituye una cuestión administrativa del Penal de Ezeiza y que- en su caso- merece ser investigado por el órgano judicial que por jurisdicción corresponda”, señaló a través de un comunicado Mauricio Frois, titular del Juzgado en lo Penal de Sentencia de la Cuarta Nominación de Santa Fe, quien procesó a Daperno. Ya se pidió la captura nacional e internacional de Daperno. Por su parte, el director del Servicio Penitenciario de Santa Fe, Jorge Bortolozzi, también responsabilizó a las autoridades bonaerenses y, en declaraciones a la radio de la Universidad Nacional del Litoral dijo: “Una vez que el interno recuperó su libertad, va a ser muy difícil encontrarlo".
Renovación
El próximo lunes 9 de octubre asumirá un nuevo vocal en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Se trata de Emilio Castrillón quien reemplazará a Juan José Papetti que se jubiló. Castrillón es actualmente diputado provincial y fue jefe del bloque del justicialismo. La ceremonia de asunción se llevará a cabo a las 12 horas en el Salón de Actos del Poder Judicial de Entre Ríos. Castrillón fue designado el 28 de septiembre por el Decreto 6254 firmado por el gobernador Jorge Busti. Anteriormente había obtenido acuerdo del senado provincial.
El Consejo porteño repudió las amenazas
El Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires repudió las amenazas y diversas formas de violencia física y moral a las que han sido sometidos en los últimos tiempos diversos magistrados, funcionarios y abogados a nivel federal, nacional y provincial. “El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resuelve expresar el más enérgico y categórico repudio contra toda forma de intimidación y violencia que pretenda afectar la independencia de los miembros del Poder Judicial y el accionar de los abogados a la hora de garantizar la búsqueda de la verdad y la plena vigencia de los derechos reconocidos en los Tratados Internacionales y nuestras Leyes Fundamentales”, dice un comunicado difundido por el organismo, que también exhorta a los Poderes Públicos a adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de los magistrados, funcionarios y abogados.