Un proyecto de ley presentado por el diputado bonaerense Gustavo Ferrari (U.C.R.) busca incorporar un artículo al Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires, a fin de garantizar el trato y las diligencias necesarias a la hora de recibir la prueba testimonial de los menores de 18 años víctimas de delitos contra la integridad sexual y lesiones.
La propuesta legislativa plantea que esos menores “serán entrevistados (únicamente) por un psicólogo especialista en cuestiones o problemáticas referidas a personas menores de edad, designado por el órgano jurisdiccional que intervenga en la etapa pertinente” y que no podrán, en ningún caso, ser interrogados en forma directa por el fiscal, las partes, sus peritos o el tribunal.
Asimismo, la iniciativa propone que la declaración realizada en la investigación penal preparatoria sea registrada mediante medios tecnológicos idóneos. “El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor; las alternativas deberán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente”, dice el inciso b del artículo 83 bis.
“Con la anticipación debida a la declaración, dispuesta por el agente fiscal -si ocurre en la investigación penal preparatoria- o por el órgano jurisdiccional -si se trata de la etapa de juicio-, se hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor”, agrega el inciso c.
Por último, el proyecto establece que “en todos los casos en que se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el psicólogo especialista en cuestiones o problemática referida a personas menores de edad, designado por el tribunal y por aquellos que hayan sido designados por las partes”. “En ningún caso podrá estar presente el imputado, quien, en su caso, podrá ser representado por su defensa”, aclara.
Ferrari explicó que su proyecto tiene en cuenta “las garantías normadas en la Convención de los Derechos del Niño, en los artículos 19 y 39, en cuanto a que contempla y garantiza preservar al niño de la exposición frente al hecho traumático que ha vivido”. Además, aclaró que su iniciativa “no es contradictoria con el derecho del niño de expresar su opinión en forma personal y directa ante el juez de la causa” ya que “el menor tiene el derecho a decidir por que vía hacer efectivo su testimonio, bregando con ello por su protección y cobijo”.
“El límite que aquí se propone a funcionarios y partes, no es nuevo, similar normativa está vigente en distintas provincias y a nivel nacional mediante leyes que se fueron incorporando reformando a los distintos códigos de procedimiento penal, así desde el año 2004 en Córdoba mediante la Ley 9197 se incorpora el artículo 221 bis; desde el 2005 en Río Negro por Ley 3.995 se agregó el artículo 234 bis, así como también en el Código Procesal Penal de la Nación mediante la Ley 25.852 del año 2003 que incluyó el artículo 250 bis”, se aclara en los fundamentos de la iniciativa.
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