De los cuatro estamamentos que integran el Consejo (abogados, jueces, académicos y políticos), sólo este último sector mantendrá parte de sus actuales representantes a partir del 16 de noviembre cuando entre en vigencia la Ley 26.080 que, entre otras reformas, redujo de 20 a 13 los integrantes.
Los políticos que seguirán en el Consejo son: los diputados nacionales Carlos Kunkel (Frente para la Victoria – Buenos Aires), Diana Conti (Frente para la Victoria – Buenos Aires), Federico Storani (Unión Cívica Radical – Buenos Aires), los senadores Nicolás Fernández (Frente para la Victoria – Santa Cruz), Miguel Angel Pichetto (Frente para la Victoria – Río Negro) y Norberto Massoni (Unión Cívica Radical – Chubut), y el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha.
Cinco de ellos (Kunkel, Conti, Storani, Fernández y Massoni) asumieron en diciembre del año pasado en reemplazo de sus pares que no renovaron sus bancas en el Congreso de la Nación. Por su parte, Pichetto tiene mandato hasta fines del 2007. Quiénes sí dejan el cuerpo son la diputada Marcela Rodríguez (ARI – Buenos Aires) y Ricardo Gomez Diez (Partido Renovador de Salta), no sólo porque se les vence el mandato, sino porque también la reforma elimina del Consejo la representación de la segunda minoría parlamentaria.
Pero la reforma al Consejo, apoyada sólo por el oficialismo y criticada por la oposición, colegios de abogados y magistrados, y organizaciones civiles y de la Justicia, también elimina la participación de los otros sectores. Los abogados pasan de cuatro a dos representantes, los académicos de dos a uno, y los jueces, quienes menos reducción sufrieron, de cuatro a tres. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, al mismo tiempo titular del Consejo, también fue eliminado.
A diferencia de los políticos, la renovación completa sí se da en el resto de los sectores. Ninguno de los actuales abogados, jueces y académicos seguirán en el Consejo, que comenzó a funcionar en 1998.
La última elección fue la de los abogados, este martes. Por la ciudad de Buenos Aires fue elegido el candidato de “Gente de Derecho”, Santiago Montaña, que se impuso sobre otras tres listas. En el interior del país ganó Pablo Mosca que se impuso por sobre el presidente del Colegio de Abogados de La Matanza, Alberto Rivas.
Por su parte, los nuevos magistrados serán Luis María Cabral, juez de un tribunal oral, Luis María Bunge Campos, de la Cámara del Crimen, y Miguel Angel Galvez, juez federal de San Juan. El representante de los académicos será Mariano Candiotti de la Universidad Nacional del Litoral.
Los nuevos consejeros tendrán un mandato de cuatro años.
Así, el sector político tendrá mayoría: 7 miembros sobre 6, de los cuales cinco pertenecen al oficialismo. Ese aspecto fue el más criticado de la reforma. De diversos sectores señalan que esa mayoría no respeta el “equilibrio” que el artículo 114 de la Constitución Nacional establece para integrar el Consejo. Además, afirman que esa mayoría les da poder de veto en la acusación y selección de jueces donde se requiere los dos tercios de los votos para aprobar los concursos y los juicios políticos.
Por eso se presentaron diversos amparos pidiendo la inconstitucionalidad de la ley. El más avanzado es el de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) que ya está en la Corte Suprema. Pero hasta ahora tanto en primera como en segunda instancia, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal convalidó la reforma.
La Ley 26.080, sancionada por el Congreso en febrero, presenta otros cambios en el Consejo. Entre los más importantes está la unificación de las comisiones de Disciplina y de Acusación que analizarán las denuncias contra los jueces por mal desempeño.
Por otra parte, habrá un límite temporal para investigar las denuncias, un viejo reclamo de los jueces. La nueva comisión tendrá tres años para hacerlo desde que ingresan al Consejo. Ese plazo no correrá para las denuncias en trámite.
Otra modificación fue la eliminación de los abogados de la Comisión de Selección, encargada de sustanciar los concursos para cubrir las vacantes de jueces, criticada por todos los letrados, inclusive los que ganaron la elección. A su vez, los magistrados comenzarán a integrar la Comisión de Disciplina y Acusación, de la que hasta ahora eran marginados.
Además, el manejo del presupuesto de la Justicia nacional y federal pasa del Consejo a la Corte Suprema.