Pocas semanas después de haber enviado el proyecto al Congreso, el presidente George W. Bush promulgó la ley que autoriza a realizar duros interrogatorios a los sospechosos de terrorismo, como los que están detenidos en Guantánamo (Cuba), y le permite al gobierno de Estados Unidos iniciar de inmediato procesos ante comisiones militares.
Desde la apertura de ese campo de detención, ubicado en Cuba, luego de los ataques terroristas de 2001 contra Nueva York y Washington, ninguno de los centenares de prisioneros fue llevado a juicio.
La ley prohíbe los castigos "crueles e inusuales" a esa clase de detenidos, aunque no clarifica lo que cabe dentro de esta categoría, y no permite que se presenten hábeas corpus ante la justicia federal para cuestionar las detenciones. Tampoco requiere que ninguno de ellos reciba asesoría legal.
Seis semanas atrás, el mandatario admitió que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había estado interrogando en secreto a presuntos terroristas. En tanto, la Suprema Corte de Estados Unidos falló en junio que el procesar a supuestos terroristas en tribunales militares viola las leyes estadounidenses e internacionales.
Luego de ello, Bush le pidió al Congreso, durante un discurso en el cual estuvieron familiares de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre, una reforma judicial que permitiera a la CIA realizar interrogatorios con métodos duros a sospechosos de terrorismo.
El senador republicano Arlen Specter, presidente del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara Alta, dijo que la ley hacía “retroceder 900 años” el estatuto jurídico de Estados Unidos. La norma también recibió duras críticas de organismos de derechos humanos.
Amnistía Internacional (AI) consideró que con la autorización de esos procedimientos, “que socavan los principios básicos de la Justicia”, Bush “está sólo creando un clima en el que se producirán más violaciones de los derechos humanos”. “Esta ley autoriza el uso de pruebas obtenidas por la fuerza y desposee a todos los detenidos por EE.UU., como ´combatientes enemigos´, de sus derechos para recurrir su detención en tribunales estadounidenses", indicó la organización en un comunicado.
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