Durante un encuentro que mantuvo esta semana con el representante para América de Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, anunció que “en breve se incorporarán unas 1.100 personas al Poder Judicial para reforzar las secretarías especiales de los distintos juzgados federales, con el objetivo de consolidar las investigaciones referidas a Derechos Humanos”. Allegados al ministro explicaron que el anuncio está vinculado a “un pedido específico” del Poder Judicial. “Lo que se dijo es que van a estar los recursos necesarios”, explicó la misma fuente.
Además, ambos funcionarios dialogaron sobre la evolución de las causas en materia de Derechos Humanos y sobre la situación penitenciaria y la política carcelaria en Argentina.
Durante el encuentro, que duró alrededor de cuarenta minutos y tuvo lugar en la sede del Ministerio de Justicia, ambos funcionarios analizaron la evolución y avance de los juicios por violaciones a los Derechos Humanos en Argentina. “Es imprescindible, para que haya verdaderamente justicia en los casos de delitos de lesa humanidad, que se trabaje para que no haya impunidad y fundamentalmente sin revanchismos”, precisó Alberto Iribarne. No obstante, no se informó si la desaparición de Jorge Julio López estuvo presente en la reunión.
En otro tramo del encuentro, Vivanco e Iribarne evaluaron la situación penitenciaria y la política carcelaria. Según fuentes oficiales, el ministro detalló las mejoras realizadas en los últimos meses en la Unidad 2 de Devoto, cárcel que posee el nivel más bajo de ocupación de los últimos 5 años.
“La disminución de la población penitenciaria –subrayó Iribarne- significa el mejoramiento en las condiciones de vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad”.
El funcionario argentino también destacó la puesta en marcha del Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria, que prevé incorporar 4500 plazas a las ya existentes, de las cuales 1000 estarán habilitadas a fines de 2006.
A su vez, Iribarne enumeró las reformas realizadas en las cárceles federales en el último período, tales como la creación del pabellón para estudiantes universitarios en Devoto, las mejoras en el Servicio Psiquiátrico Central de Varones (Unidad 20) y las ampliaciones realizadas en las cárceles de Ezeiza (Complejo Penitenciario Federal 1), Jujuy (Unidad 33 y 22), Viedma (Unidad 12).
La situación en la Penitenciaría de Mendoza también formó parte de la conversación. Iribarne detalló los alcances del trabajo conjunto entre el gobierno nacional y la provincia, y destacó la puesta en funcionamiento de la Comisión Investigadora de los hechos de violencia en la cárcel mendocina y en la Colonia Gustavo André, tema que fue tratado en más de una ocasión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
José Miguel Vivanco, que también se reunió con el procurador general Esteban Righi, es representante para América de Human Rights Watch, una organización independiente y no gubernamental que realiza investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos en más de setenta países de todo el mundo.
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